Los fiscales progresistas cargan contra la ley del aborto del Gobierno

La Unión Progresista de Fiscales ha redactado, al término de su XXIX Congreso, unas conclusiones que critican con contundencia algunas de las reformas y políticas emprendidas por el ejecutivo en los últimos meses: la reforma de la ley del aborto o las políticas de inmigración.

Los fiscales progresistas no ven con buenos ojos las reformas legales acometidas por el ejecutivo en los últimos meses. La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha clausurado su XXIX congreso hablando de un "desmantelamiento sistemático y programado del estado social y democrático de derecho", aludiendo a leyes y proyectos como el aborto o las políticas de inmigración. Un texto remitido al Fiscal General del Estado en el que instan a Eduardo Torres-Dulce a "dar un paso adelante", pero advirtiendo que "mientras no lo haga deberá asumir su responsabilidad".

Las críticas más contundentes se las lleva la futura ley del aborto: consideran que se trata de un "ataque directo a la dignidad de la mujer, haciéndonos regresar a épocas pasadas en las que se consideraba que la mujer no era capaz de tomar sus propias decisiones". Para la UPF, en un documento al que ha tenido acceso la Cadena SER, el anteproyecto se escuda en la protección de la mujer para esconder "una justificación moralista, religiosa y patriarcal que en modo alguno se corresponde con una necesidad de modificar la ley".

Las cuchillas de Ceuta y Melilla

Los fiscales progresistas también cargan contra las políticas de inmigración del Gobierno, criticando que las actuaciones del ejecutivo respondan a razones de seguridad "y no a razones humanitarias". Manifiestan su "absoluto rechazo" a las cuchillas de las vallas de Ceuta y Melilla, "que ponen en grave peligro la vida y la integridad de las personas inmigrantes y que representan un signo inequívoco de insensibilidad hacia el sufrimiento".

Sobre la reforma del Código Penal, la Unión Progresista de Fiscales focaliza sus críticas en lo que concierne a la enfermedad mental: "La propuesta del Gobierno supone un evidente paso atrás que atenta directamente contra los derechos fundamentales de las personas aquejadas de una enfermedad mental", señalan. Acusan a este anteproyecto de vulnerar la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, señalando que "impone al sistema judicial la obligación de predecir el riesgo imaginario de futuros delitos", al privar de libertad a alguien cuando su diagnóstico haga suponer que pueda reincidir en un delito.