
Urdangarin niega delitos pero admite "irregularidades" fiscales
El duque de Palma defiende que obtuvo contratos con Valencia y Baleares gracias a su condición de exdeportista y su preparación

Iñaki Urdangarin, a su llegada a los juzgados de Palma para declarar en el mes de febrero / REUTERS
Iñaki Urdangarin insiste en que no ha cometido delitos y que el fraude fiscal no superaría en ningún caso los 120.000 euros para ser considerado delito. En sus alegaciones considera que el juez atribuye a su condición de consorte de la infanta Cristina la responsabilidad de Urdangarin en las contrataciones de Valencia y Baleares.
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La Cadena SER ha tenido acceso al recurso que Iñaki Urdangarin presentó para oponerse al auto de fin de instrucción de José Castro. En su escrito, la defensa del Duque de Palma defiende que obtuvo los contratos con las instituciones públicas de Valencia y Baleares gracias a su condición de exdeportista y a su preparación en Esade. En el recurso, la defensa del duque de Palma reconoce que su cliente pudo haber incurrido en "irregularidades fiscales y administrativas".
En un escrito de 16 páginas, su defensa niega los ocho delitos que le imputa el juez, aunque admite que pudo haber incurrido en irregularidades administrativas y tributarias. El duque de Palma entiende que estas irregularidades deberían ser resueltas "por vía administrativa" y no penal, ya que insiste, las cuotas defraudadas no alcanzarían los 120.000 euros para ser consideradas delito.
Urdangarin reconoce que desde el año 2004 era yerno del rey de España y ahora es cuñado del actual monarca. Sin embargo, afirma que esa condición familiar no fue la única tenida en cuenta para que pudiera intentar realizar su actividad profesional.
Si se le reprocha que vendiera humo, dice el escrito, "el humo era la actividad de estrategia" que le explicaron sus profesores en la Escuela de Negocios sobre la organización de eventos internacionales.
Urdangarin también alega en su escrito que únicamente percibió 795.000 euros procedentes de las contrataciones del Instituto Nóos con las Administraciones balear y valenciana. Pese a ello, lamenta, el juez le mantiene una fianza de responsabilidad civil de seis millones de euros.
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