Torres-Dulce niega que la Fiscalía esté “inactiva” en la investigación por el 9-N

Madrid

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, ha rechazado este martes  que se acuse de "inacción" a la Fiscalía, porque se sigue trabajando "sin ninguna precipitación, pero siempre con el horizonte del cumplimiento de la legalidad".

El responsable de la fiscalía no ha aclarado, sin embargo, qué delitos podrían haberse cometido o contra qué responsables se actuaría porque es algo en lo que está "trabajando la Fiscalía de Cataluña y cuando valore si los hechos son delictivos valorará, también, qué naturaleza de delitos y cuáles son las personas responsables".

Recursos al archivo

Dulce ha recordado cómo, desde el Ministerio Fiscal se consideró que no era "proporcionado ejecutar medidas cautelares" con el proceso en marcha y que se han "recurrido" los archivos de denuncias en los juzgados en los que esto se ha producido.

"Vamos a actuar cuando creamos que tenemos que actuar, ni antes ni después" ha asegurado al tiempo que ha advertido de que "los tiempos de la Justicia no son como los tiempos políticos".

Sin presiones

Preguntado acerca de si, desde el Ejecutivo central, se ha pedido celeridad, ha indicado que es "ofensivo que alguien pueda pensar que al fiscal general del Estado, o al Ministerio Fiscal, un gobierno le da instrucciones". Y ha añadido: "es ilegal, ilícito y yo no lo consentiría, por lo que no he recibido ninguna indicación del Gobierno, ni la voy a recibir, con respecto a las formas o a los momentos".

Querella al TSJC

Según fuentes fiscales, la querella tendrá que presentarse ante Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por la condición de aforados de los denunciados ya que solo pueden responder penalmente ante el Tribunal Superior catalán.

En principio los presuntos delitos serias de desobediencia y prevaricación contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas, y los miembros de su Gobierno que han tenido una participación activa en la consulta , entre ellos la vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega, quien fue la encargada de comparecer en la jornada para facilitar los datos sobre la participación; la consejera de Educación, Irene Rigau, por su supuesta responsabilidad en la cesión de colegios públicos para instalar las urnas; y el titular catalán de Interior, Ramón Espadaler.