Marina Castaño declarará como imputada el 11 de diciembre por malversación de caudales públicos

Santiago de Compostela

El juzgado de Padrón que investiga el presunto desvío de fondos públicos de la Fundación Cela a través de una sociedad vinculada a la presidenta de esta institución sin ánimo de lucro, Marina Castaño, y al que fuera su número dos, Tomás Cavanna, ha decidido citar a ambos en calidad de imputados por un presunto delito de malversación de caudales públicos. La viuda del Nobel tiene cita en los juzgados el próximo 11 de diciembre.

La investigación de la fiscalía de Santiago partió de la denuncia inicial de una vecina de Padrón. Los últimos informes de la agencia tributaria y de la UDEF han terminado por apuntalar los indicios de delito de Castaño y Cavanna que han llevado al juzgado a tomar esta decisión.

Según fuentes judiciales, los imputados desviaron fondos públicos de la fundación a través de la sociedad Lengua y Literatura, Agrupación de Interés Económico. Además, sirvió para recuperar el impuesto del IVA por determinadas operaciones económicas. Los informes también confirman que Marina Castaño tenía personal a su servicio pagado con fondos de la institución.

La denuncia de La Fiscalía tiene fecha de junio de 2012. En el escrito se establecía que había “base” para investigar la posible comisión de delitos de estafa, apropiación indebida y otros, como fraude fiscal, por el desvío a una sociedad privada de las devoluciones del IVA de la Fundación Cela, que está exenta de tributación, así como por cargar a esta entidad cultural gastos privados.

Las indagaciones partieron de una denuncia de la vecina de Padrón María Dolores Ramos García, que se querelló contra Marina Castaño y Tomás Cavanna, el exgerente de la fundación.

La Fiscalía sostuvo, a raíz de sus investigaciones, que la sociedad Lengua y Literatura pudiera encubrir devoluciones de IVA y tener la finalidad de cargar los gastos de la fundación, de forma que actuaría como una sociedad interpuesta.

La vecina denunciante incluida en su declaración que varios empleados que figuraban como trabajadores de la Fundación Cela, que abonaba sus salarios, en realidad prestaban sus servicios en actividades privadas del matrimonio Cela.

Al respecto, la Fiscalía consideró como hechos que el empleo de subvenciones de la Fundación Cela para contratar personal era una práctica habitual en la denunciada desde hace algunos años. De hecho, incluyó el caso de un empleado contratado con dinero público por la Fundación Cela que, sin embargo, ejercía su trabajo en el ámbito privado en Madrid, en el domicilio de Marina Castaño.

El ministerio fiscal solicitó documentación tanto del uso de los fondos de la Fundación Cela como del empleo de sociedades interpuestas para administrarla a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional, a la Agencia Tributaria y a la Tesorería General de la Seguridad Social.