¿Qué dice la ley sobre los prestamistas profesionales?

Madrid

La ley, a partir del año 2009, trata de la misma forma a todos los prestamistas, a los acreedores hipotecarios, sin importar si son bancos o personas físicas. En el caso de estos últimos, de los particulares, como el que concedió el crédito al hijo de Carmen Martínez, tienen que dedicarse habitualmente a prestar dinero, dedicarse profesionalmente.

Según la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en esta ocasión se trata de un prestamista profesional, es decir, no era la primera vez que realizaba una operación de estas características y, explica la plataforma, el objetivo de estos contratos es establecer condiciones difíciles de cumplir (como imponer un 25% de interés) para quedarse con el bien inmueble, como la vivienda de Carmen, que sirve de aval o fianza al préstamo.

Los derechos que tiene el prestamista, contemplados en la ley, son como los de los bancos: si no se paga el préstamo, el acreedor se queda con la vivienda o el bien que sirve de aval.

La casa de Carmen costaba 160.000 euros y la hipoteca era sólo de 40.000 (77.000 euros al final con los intereses). Esto es posible porque el contrato se firmó hace cuatro años ya que, partir de 2013, la ley establece que el préstamo tiene que alcanzar al menos el 75% del valor de la vivienda si ésta es la habitual de sus inquilinos. Precisamente para evitar que ocurra esto, que el prestamista se quede con un inmueble que vale mucho más que el préstamo.

En cuanto a los deberes que tienen los prestamistas, al igual que las entidades, pasan por informar al deudor de todas las cláusulas del contrato: tipos de interés, plazos y otras condiciones. Es ya labor del juez comprobar si algunas de esas cláusulas son abusivas.

No existe una estadística que contabilice cuántos casos como el de Carmen se han producido, de avalistas que son padres o abuelos de los deudores y que han perdido su vivienda por esta causa. Pero desde la Plataforma advierten de que son muchos por lo que ven a pie de calle.

A modo de ejemplo cuentan que sólo en el barrio madrileño de Tetuán hay otros cuatro casos como el de Carmen, avalistas que están a la espera del desalojo.