La presión social logra paralizar el desahucio de una mujer maltratada

En Tarazona, Rogia y su hija de ocho años iban a ser desahuciadas. El marido de Rogia, sobre el que pesa una orden de alejamiento por violencia de género, denunció que ella había ocupado su casa cuando ésta se encontraba de viaje en Sudán. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) pidió un aplazamiento hasta el 18 de febrero, día en el que la pareja tiene la vista de divorcio y en el que el juez podría otorgar el uso de la vivienda a la madre. Se esperaba que este viernes de un momento a otro se llevara a cabo la ejecución del desahucio. De hecho, la secretaria judicial se había desplazado ya hasta la vivienda junto a los agentes de la Guardia Civil. Afortunadamente, Rogia ha dedidido jugar su última carta y presentar este mismo viernes un recurso de última hora. Ante la presión social y después de que un centenar de personas hayan impedido la entrada en la casa, el juzgado ha paralizado la orden de desalojo y no ha sido desahuciada. Alegan que no pueden ejecutar el desalojo porque no hay efectivos suficientes, es por ello que el desahucio sigue en pie y Rogia deberá seguir con la batalla judicial que inició para no perder su casa. La magistrada que está llevando el desahucio es la misma que tramita su expediente por violencia de género. Este viernes Rogia ha sentido más cerca que nunca el miedo a perder su casa. Finalmente, gracias al apoyo de un centenar de personas que se han acercado hasta allí para tapar la puerta e impedir el desalojo, Rogia podrá seguir viviendo allí junto a su hija. La niña no ha sido consciente, se piensa que vamos a mudarnos a otro piso “Había mucha gente que estaba en la puerta y no les dejaban entrar, entonces ha sido cuando se han echado para atrás”, ha explicado Rogia en una entrevista con José Antonio Marcos en ‘Hora 14’. “La niña no ha sido consciente, se piensa que vamos a mudarnos a otro piso y nada más”, explica en un tono afligido durante la entrevista. Rogia no encuentra una explicación de cómo ha llegado a este punto y piensan desahuciarla cuando ha sido maltratada por el mismo hombre que le interpuso la denuncia. «No entiendo esta decisión, he sido maltratada y tengo una niña pequeña» Aunque gracias a la presión social se ha evitado el desalojo, Rogia tendrá que acudir al juzgado para informarse de cuánto tiempo podrá seguir en su casa y qué vía judicial debe seguir ahora aunque, lamentablemente, no cuenta con ningún representante legal. No tengo abogado porque no me han dejado “No tengo abogado porque no me han dejado, solicité uno de oficio de justicia gratuita pero no me lo han dado”, explica. Para ella “han sido unas horas muy difíciles” aunque asegura que está dispuesta a seguir adelante. “Seguiré luchando”, ha subrayado. Los datos que revela un informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que señala que los desahucios han aumentado un 7%, reflejan la realidad que muchas familias están viviendo pese a que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, haya asegurado que estas serán «las primeras navidades de la recuperación». En Molina de Segura (Murcia) dos mujeres han perdido su casa este mismo viernes. Isabel y Fuensanta han sido desahuciadas al no poder hacer frente al pago de una deuda de 22.000 euros al 25% de interés que contraían con un prestamista. Cinco furgones han acudido este viernes por la mañana hasta el lugar en el que se encontraba la casa para llevar a cabo el desalojo, sin que cuatro activistas de la PAH hayan podido hacer nada. Las mujeres contactaron con el prestamista a través de un anuncio en la prensa y al parecer podría tratarse de una estafa. El hombre vendía créditos rápidos e Isabel, con problemas en la vista, no pudo leer la letra pequeña de ese contrato. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca ha convocado este viernes en Vitoria una concentración para evitar el desalojo de una mujer que no ha podido pagar los últimos tres meses del alquiler social de su vivienda. Decenas de personas se han concentrado frente a la sede de Vitalquiler que, al parecer, ahora estaría dispuesta a aplazar el desalojo quince días. Con dos niños, Ainhoa no tiene trabajo fijo y debe una renta total de 1.300 euros. Ha intentado renegociar el pago de esa deuda con Vitalquiler pero sin éxito. Por fortuna es posible que el desalojo de Ainhoa pueda evitarse ya que una mujer de San Sebastián, que quiere permanecer en el anonimato, está dispuesta a pagar parte la deuda.