Los investigadores sospechan de los contratos para vender armas de Defex en África y Oriente Medio

Madrid

El caso de supuesta corrupción en la empresa Defex, que depende de la pública Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), por el supuesto fraude cometido en un contrato de equipamiento policial a Angola en 2008 de 152,9 millones de euros, “no es un hecho aislado”, según los investigadores del caso que se instruye en el juzgado número 5 de la Audiencia Nacional.

Fuentes del procedimiento que investiga la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil afirman que “al menos desde 2003-2004”, existen sospechas sobre la gran mayoría de contratos para la venta de equipamiento militar o policial, que la empresa pública Defex firmó con países del continente africano, como Angola o Camerún entre otros, y con Oriente Medio, principalmente, Arabia Saudí.

Las fuentes de la investigación sostienen que esta empresa pública “funcionaba” hasta que estalló el caso hace dos años, “en el ámbito de la comisión”, y se muestran convencidos de que “sobredimensionaban el coste de los equipamientos a exportar entre un 200 y un 300 por ciento” para repartirse mordidas millonarias en colaboración con funcionarios corruptos de los países a los que vendían las armas.

En el caso del contrato con Angola, que destapó el escándalo, la pública Defex, en colaboración con Comercial Cueto, aprobaron vender armas por 152.9 millones, pero al país africano solo le llegaron equipamientos valorados en poco más de 50. Los más de 100 millones restantes se los repartieron, supuestamente, entre funcionarios angoleños y los jefes de la trama en España. Con el resto de contratos, sobre todo con los países que no han firmado el convenio con la OCDE sobre la corrupción en transacción internacional, los investigadores sospechan que el funcionamiento ha sido similar. Además, Defex gozaba de una imagen excelente en el exterior, al actuar bajo el paraguas del Estado español, y los investigadores creen que aprovechó esta circunstancia para ejecutar sus planes corruptos.

Los principales sospechosos son el presidente de Defex hasta junio de 2012, José Ignacio Encinas Charro, y el coronel de infantería de marina, ya retirado, Ángel María Larumbe. También la sobrina del espía Francisco Paesa, Beatriz García Paesa, uno de los cerebros de la trama, así como Enrique Gómez Cuesta y Manuel Iglesias-Sarrià, que en 2013 fueron renovados como director financiero y apoderado, respectivamente, en Defex. No obstante, no se descartan nuevos imputados.

El entramado societario y financiero internacional para evadir y ocultar el dinero supuestamente malversado es “extraordinariamente complejo”, recalcan los investigadores. La sobrina de Paesa remite parte del dinero desde Luxemburgo a una empresa con sede en Hong Kong, que a su vez reparte las comisiones a Singapur, que no colabora con la justicia española, y también a Suiza, donde el dinero ingresa en cuentas de las empresas Cofinor y Beulac. Estas emiten supuestas facturas falsas entre ellas para dar apariencia de legalidad a las transacciones, y finalmente, el dinero se reparte entre los responsables. La investigación ha detectado cobros del coronel Larumbe por 323.000 euros en Suiza, y también 380.000 en una caja de seguridad de Encinas Charro. Pero la mayor parte se ingresa en Singapur, donde se pierde el rastro del dinero en las empresas Bergamote, Foolham, GTF Services y Gypsey Investment.

Las cuentas de los sospechosos actuales están bloqueadas, así como sus sociedades patrimoniales. El caso se encuentra en estos momentos en el periodo de “análisis de documentación” según fuentes jurídicas. Todos los implicados en esta primera fase, después de haber pasado un tiempo en prisión, se encuentran en estos momentos en libertad provisional.