El juez José de la Mata sienta en el banquillo al PP por su caja b

Madrid

El partido en el Gobierno debe ser juzgado como responsable civil subsidiario y tiene diez días para depositar 1,2 millones de euros por no haber declarado las donaciones ilegales en 2008 y por pagar en negro las obras de la sede central. Supuestamente, claro.

También sienta en el banquillo como responsables a los extesoreros Bárcenas, Lapuerta y al exgerente Cristóbal Páez. Además de blanqueo, tráfico de influencias, fraude fiscal o delito electoral, el juez atribuye a la antigua cúpula financiera del PP los delitos de organización criminal y asociación ilícita, a instancias de las acusaciones de Izquierda Unida y el PSPV.  Con la cúpula financiera y el propio partido, se sentarán en el banquillo los miembros del gabinete de arquitectura que reformó en negro la sede de Génova. Tanto el arquitecto Gonzalo Urquijo como su socia, Belén García, y la empleada Laura Montero.

Según el auto de apertura de juicio oral del juez José de la Mata, contra el que no cabe recurso, el Partido Popular se financió de forma ilegal desde 1990 hasta "al menos" 2008, con una cajas B creada por este partido que se nutría "de forma sistemática", con donaciones ilegales de contratistas con las administraciones públicas que la formación política gobernaba.

Una caja B que, según el juez, sirvió para pagar "gastos generados en campañas electorales, retribuciones, complementos de sueldo, compensaciones a personas vinculadas con el partido o servicios relacionados con la actividad del partido".

Además de esta caja B nacional, como ya dijera Pablo Ruz en el auto de transformación en procedimiento abreviado, el juez José de la Mata apunta a la existencia de "varias cajas B" en distintas comunidades.

El juez considera "indiciariamente acreditados" estos hechos y las donaciones efectuadas por los empresarios que superaban el límite establecido por la ley de partidos, pero no les acusa de cohecho porque no existen elementos que prueben que los pagos se produjeron a cambio de contratos.

El juez De la Mata va más allá que la Fiscalía Anticorrupción y rechaza su petición de que se archivara el delito fiscal supuestamente cometido por Bárcenas por el Impuesto de Sociedades de 2008 y del que el PP es responsable civil subsidiario. El magistrado, como su antecesor Pablo Ruz y en contra de la Agencia Tributaria, comparte la teoría de que los donativos ilegales no están exentos del pago de este impuesto.

Además de los 1,2 millones que tendrá que abonar el PP, el magistrado impone fianzas que cubran las posibles multas y responsabilidades civiles para el resto de procesados.

El juez fija una caución de 8,98 millones para los extesoreros Bárcenas y Lapuerta, mientras que al exgerente Cristóbal Páez le exige 7,44 millones. El arquitecto Gonzalo Urquijo; su socia en Unifica, Belén García; y la empleada de ambos, Laura Montero, tendrán que depositar una fianza de 6,15 millones de euros cada uno.