Una agresión al día contra empleados públicos, según el sindicato CSIF

Madrid

El sindicato CSIF ha presentado un informe que traza un primer perfil sobre las agresiones y la violencia contra empleados públicos. Con datos oficiales de 12 ministerios y organismos públicos, más los aportados por sus delegados, CSIF recoge en 2014 al menos 357 casos de agresiones (insultos, amenazas, daños al mobiliario de la oficina…), de los que el 11% supusieron violencia física. Los datos del primer trimestre de 2015 muestran un agravamiento de la situación, porque sólo en esos tres meses ya se han dado 121 casos. CSIF vincula este repunte con la puesta en marcha de la nueva prestación para parados de larga duración, y la frustración que genera en muchas personas cuando se les comunica su denegación.

Las oficinas de empleo y Seguridad Social son “puntos calientes” en materia de agresiones, dice el sindicato, precisamente por esto: implican comunicaciones cara a cara a los ciudadanos de decisiones administrativas a menudo desfavorables. En todo caso, CSIF cree que hay además otras razones de fondo que alimentan esa violencia: “los empleados públicos nos hemos convertido a veces, en estos últimos años, en objetivo de los políticos, que nos han puesto en primera línea de fuego de cara a los ciudadanos, como si fuera culpa nuestra la crisis”, decía durante la presentación del informe el presidente del sindicato, Miguel Borra.

Caso aparte es el de Instituciones Penitenciarias, en las que se registra prácticamente una agresión física al día. Los últimos datos oficiales, de 2013, dan 329 casos de violencia física contra estos funcionarios, y CSIF calcula (por la información recabada por sus delegados) que en 2014 se ha dado un aumento de en torno al 12%, hasta los 370 casos. El sindicato cree que las razones detrás de este repunte son diversas: la falta de personal (hay 3.400 plazas por cubrir en Instituciones Penitenciarias), la sobreocupación de las cárceles y la falta de especialistas en psiquiatría para tratar a una población reclusa en la que el 45% de las personas tiene alguna patología de este tipo.

CSIF pide al Gobierno que desbloquee el protocolo de prevención de la violencia contra los empleados públicos, que ya está listo pero a falta de su aprobación final. Según el sindicato, el Ejecutivo no quiere incluir a los empleados de Instituciones Penitenciarias en este marco legal general, aduciendo que las especificidades de este colectivo hacen necesario un texto propio. CSIF asegura que no está en contra de un texto adicional que recoja esas peculiaridades, pero exigen que los empleados de Instituciones Penitenciarias estén incluidos también en la norma general.