14 yeguas compradas con dinero b

Madrid

La empresa de servicios medioambientales Fitonovo, epicentro de la operación Madeja que acaba de ser asumida por la Audiencia Nacional utilizó desde 1995 hasta 2013 una ‘caja B’ para sobornar, presuntamente, a decenas de funcionarios públicos en Madrid, Aragón, Andalucía, Cataluña, Valencia, Canarias y Extremadura para lograr contratos.

El Bárcenas particular de Fitonovo, Ángel Manuel Macedo, quien coordinaba la contabilidad paralela de la empresa, disponía grandes sumas de hasta un millón de euros a tocateja, coches y hasta caballos para altos dirigentes que proporcionaban cuantiosos beneficios al facilitar adjudicaciones, pero también compraban a pequeños funcionarios clave con mordidas de poco más de 1.000 euros. La red adaptaba el caché corrupto del pago a la relevancia del sobornado, que en ocasiones, entraba al trapo por miserias.

Este es el relato contenido en el auto del juez José de la Mata, con algunos de los sobornos y excesos, no en pocas ocasiones sórdidos, del entramado.

Regalo de equinos

En el vértice de la red supuestamente corrupta se encontraba el director de la empresa, Antonio González Baro, quien según ha dado a conocer este miércoles el juez, llegó a comprar 14 yeguas con dinero de la caja B de la empresa, nutrida sobre todo por sociedades facturadoras ficticias. Los animales fueron integrados en su cuadra particular, que utilizó en al menos dos ocasiones para regalar a funcionarios corruptos un par de equinos.

En la trama se observa la gran corrupción, como los supuestos pagos de comisiones de 1.085.000 euros a Enrique José Finch, alto cargo de Adif, y otros superiores a los 500.000 euros a otros cinco funcionarios del mismo Administrador de Infraestructuras Ferroviarias por contratos, pero también la más pequeña.

Por un puñado de euros

Son casos como el del funcionario de la Consejería de Obras Públicas de Sevilla, José María Montané, quien por solo 1.150 euros, “favoreció la adjudicación a Fitonovo y evitó controlar la ejecución de sus trabajos”.

También el del técnico de conservación de carreteras del Ministerio de Fomento en Jaén, Luis Miguel González, quien no solo se vendió por 2.609 euros que costaban “una cámara de vídeo, una noche de hotel y una lata de caviar”, sino que según la UCO de la Guardia Civil, le dijo a la empleada de Fitonovo que comprase la cámara por 1.499 euros y no se preocupase, ya que pagarían el importe incrementando en idéntica cantidad la factura a abonar por el Ministerio a cambio de los trabajos adjudicados a la sociedad. Así, Fitonovo ni siquiera pagó en este caso el regalo, sino que corrió a cargo del erario público.

Cobrar por no hacer nada

En Extremadura, donde la trama trincó entre 2006 y 2012, lograban mordidas con la “facturación de más kilómetros de carreteras de lo ejecutado” por el concepto de desbroce de los márgenes, y hasta “cobraron trabajos que no fueron realizados porque ya estaban hechos” como los 5.000 euros para erigir un muro en el Cabildo de Las Palmas.

Hay concejales del PP supuestamente vendidos por viajes a Detroit o mordidas, otros del PSOE con idéntico proceder, y también posible financiación ilegal a Izquierda Unida en Sevilla, que recibió 155.000 euros, presuntamente, por la adjudicación de 11 campos de fútbol de césped artificial en la ciudad. El último pago, de 70.000 euros, fue concedido “en una caja de zapatos”, según el auto judicial.

La empresa se dedicaba a la conservación y creación de taludes para las líneas ferroviarias y carreteras, pero no desechaba cualquier oportunidad de negocio, porque lo mismo se adjudicaba la instalación de juegos infantiles como parques geriátricos, patios de colegios o pistas de pádel.

Lejos de los vehículos de alta gama de otras redes corruptas, los responsables de ‘la Madeja’ lograban comprar a los suyos con un Ford Mondeo, un Volkswagen Passat o un Toyota Corolla para la hija de uno de los sobornados. Eso sí, esta red costeaba también los seguros.

Reproche del juez De La Mata a la magistrada Mercedes Alaya

Lejos de estar concluida, la labor que le queda al actual instructor del caso es ardua. José de la Mata reprocha en su auto a la juez Alaya que después de dos años de investigaciones, le ha traspasado un caso en estado “incipiente” y con unas pesquisas incompletas.

El magistrado detalla que Alaya ha detectado las comisiones por 4.3 millones de euros, “sin embargo no consta el volumen de la contratación pública afectada, ni los perjuicios efectivos causados a la Administración Pública por el fraude cometido; los perjuicios por precios concertados a la baja con concurrencia ficticia; los perjuicios por precios concertados al alza para inflar facturas, comisiones y beneficios; o los perjuicios por trabajos contratados y facturados pero no ejecutados, entre otros”.