El canon digital español, en Luxemburgo

Madrid

El Tribunal de Justicia de Luxemburgo estudia las dos cuestiones prejudiciales que le planteó el Tribunal Supremo español para decidir sobre la demanda que interpusieron las sociedades de gestión de derechos contra la decisión del gobierno popular de sustituir el canon digital que pagaban los fabricantes e importadores de dispositivos y soportes (DVD, cd, video, reproductor de mp3) por cada unidad que vendían.

La medida entró en vigor en 2012. Y para compensar a los destinatarios del canon, las sociedades de gestión de derechos de propiedad intelectual, el ejecutivo de Mariano Rajoy se comprometió al pago (vía presupuestos generales del Estado) de 5 millones de euros anuales, muy lejos de los casi 100 millones que cada año cobraran esas entidades con el sistema derogado.

Han sido ellas las que llevaron la decisión del ejecutivo al Tribunal Supremo aduciendo que va en contra de la legislación europea, en contra de lo que sucede en el resto de los países de la Unión Europea, en los que los fabricantes son los que abonan ese canon.

Están en juego casi 400 millones de euros -100 millones de euros por año- que es la compensación que exigen los demandantes al Estado español por el prejuicio que les ha causado el cambio del sistema que consideran que no es acorde con la legislación europea.

En la actualidad, desde 2012 y vía presupuestos generales del Estado, el gobierno abona cada año 5 millones de euros a las entidades de gestión, que destinan esos ingresos a pagar a los autores y a los propietarios de los derechos de autor, además de a la labor social y asistencial.