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Viernes, 22 de Noviembre de 2019

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Ordenan la apertura de juicio oral por la trama Gürtel en Jerez y AENA

El magistrado José de la Mata ordena la apertura de juicio oral por dos piezas separadas de la trama en la Agencia Estatal de Navegación Aérea y las contrataciones ilegales de FITUR 2004 en Jerez, donde tuvo un papel determinante la exalcaldesa y diputada electa, María José García Pelayo

María José García Pelayo, senadora del Partido Popular. / EFE

La exalcaldesa de Jerez y diputada electa del PP, María José García Pelayo, figura en el epicentro de la trama jerezana de la Gürtel, en el auto de apertura de juicio oral del juez De La Mata. Ella firma seis actos administrativos fraudulentos, entre ellos, la adjudicación de cuatro contratos ilegales a la red corrupta por 343.000 euros.

No obstante, por su condición de aforada, no puede ser acusada en este procedimiento. La investigación contra ella se sigue en el Supremo y su presidente, Carlos Lesmes, aún no se ha decidido a pedir el suplicatorio para imputarla.

El juez dice que la red de Correa "se extendió a comunidades y municipios gobernados por el Partido Popular, dada su estrecha relación con algunos de sus miembros". Por la pieza de Jerez se juzgará a nueve personas, entre integrantes de la trama y funcionarios, a los que se pide hasta siete años de cárcel, por delitos de fraude, falsedad y prevaricación.

La segunda pieza de la Gürtel que se envía a juicio es la de las contrataciones de AENA. Son cuatro los acusados, entre ellos el exdirector de Comunicación de la Agencia estatal, Ángel López de la Mota, y también el líder Correa, con penas de hasta 10 años de prisión por fraude, cohecho, falsedad y prevaricación. Hay 22 contratos bajo sospecha entre 2001 y 2002 por 2.2 millones de euros.

De La Mata ha cerrado esta pieza sin citar a declarar al predecesor del director de comunicación de AENA, Carlos Eduardo Rodríguez, quien ordenó "contratar con Correa en cuanto el PP ganó las elecciones" generales de 2000, según una testigo. Tampoco ha citado al exministro de Fomento, Francisco Álvarez-Cascos, aunque se lo pedía Ángel López de la Mota, a quien nombró en el cargo, para aclarar hasta qué punto las adjudicaciones fueron ordenadas por una trama creada por el PP.

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