Sábado, 25 de Septiembre de 2021

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OPERACIÓN FRONTINO

La investigación del fraude de Acuamed apunta al subsecretario de Presidencia

Según los investigadores, Federico Ramos de Armas fue uno de los "altos cargos de Agricultura" que, mientras era secretario de Estado de Medio Ambiente, favoreció a la constructora FCC con contratos irregulares

Federico Ramos de Armas fue secretario de Estado de Medio Ambiente de diciembre de 2011 a junio de 2015

Federico Ramos de Armas fue secretario de Estado de Medio Ambiente de diciembre de 2011 a junio de 2015 / MINISTERIO DE AGRICULTURA

El juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, afirmó este miércoles en su auto sobre la trama de la empresa estatal Acuamed, que "altos cargos del Ministerio" de Agricultura pactaron "compensar" en 2014 a la empresa FCC con un pago de 10 millones de euros para solucionar la inundación de la desaladora del Bajo Almanzora en Almería, y otros 20 millones para ejecutar la obra. Un pago que no debía asumir la sociedad pública, según los técnicos honestos de Acuamed, quienes recordaron que FCC debía asumir el coste por contrato.

Según fuentes de la investigación, uno de esos "altos cargos" de Agricultura que intervinieron para favorecer a la constructora privada es el entonces secretario de Estado de Medio Ambiente y como tal, presidente del consejo de administración de Acuamed, Federico Ramos de Armas, que en la actualidad es el subsecretario del Ministerio de la Presidencia que dirige Soraya Sáenz de Santamaría.

Esa compensación a FCC fue reflejada en los presupuestos generales del Estado de 2015, y no llegó a pagarse inicialmente "al conocer la denuncia que ha originado la presente causa en Fiscalía". Pero desde el Ministerio de Agricultura "han persistido en la idea" porque han mantenido el pago, aunque en cuantía inferior, en los presupuestos de 2016.

Otro proyecto bajo sospecha es la descontaminación del embalse tarraconense de Flix, adjudicada también a FCC. Asevera el juez que "siguiendo instrucciones de la Superioridad" se procedió a "compensar" a FCC con 40 millones de euros "causando un perjuicio a la Administración", cuando los técnicos honestos de Acuamed solo aconsejaban un pago de 3.5 millones de euros para completar ese trabajo. Ese dinero "ficticio" fue justificado mediante certificaciones de obra y conceptos inexistentes, o incluso mediante facturación falsa, con el apoyo de los directivos de Acuamed involucrados.

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