La herencia envenenada de los tesoreros del Partido Popular

Madrid

En la década de los 90 unas grabaciones policiales relacionadas con el tráfico de droga, sorprendieron al juez al encontrar conversaciones de dirigentes del PP sobre una serie de negocios inmobiliarios ilegales, cuyos beneficios se destinarían íntegramente a la financiación del partido. En abril de 1990, el juez Luis Manglano ordenó la detención de Rosendo Naseiro, tesorero del PP, y de Salvador Palop, concejal en el Ayuntamiento de Valencia, junto a varios empresarios, que permanecieron tres días incomunicados.

Semanas después, El Tribunal Supremo, ante la supuesta implicación del diputado popular Ángel Sanchís, que también dirigió las cuentas populares ( y de cuya mano entró en la Alianza Popular de Fraga, Luis Bárcenas,) anulo las escuchas que suponían la principal prueba contra los responsables de las finanzas populares.

El nombre de Luis Bárcenas salía a colación en las escuchas, aunque más tangencialmente que los de Naseiro y Sanchís. Las conversaciones grabadas a los protagonistas revelaron una trama de sobornos a cambio de recalificaciones y venta de terrenos, pero no sirvieron como prueba judicial.

Luis Bárcenas ya estaba en la sala de máquinas de las finanzas populares cuando, a finales de los años ochenta, y con Francisco Álvarez-Cascos en la secretaría general del partido, estalló el gran escándalo de supuesta financiación ilegal del PP. Fue el asunto más que espinoso para el «nuevo» PP de José María Aznar.

Bárcenas consiguió sobrevivir a aquella crisis, pero sus relaciones con Sanchís y Naseiro no se cerraron con el escándalo. De la documentación remitida desde Suiza a la Audiencia Nacional se desprende que Bárcenas, después de ser imputado en el «caso Gürtel», otorgó poderes a su antiguo amigo Sanchís para que acudiera al país helvético y gestionara las transferencias bancarias oportunas para invertir sus fondos en Brasil y en Argentina. Naseiro compareció ante el juez para declarar en relación a la «Gürtel» y confirmo la versión de Bárcenas de que le había pedido prestados 350.000 euros en 2002 para comprar obras de arte, cuando esa cantidad estaba bajo sospecha.

Los tesoreros del PP “heredaron” de unos a otros esa forma ilegal de financiar a su formación. Entonces, en los noventa, no se pudo probar por la anulación de la principal prueba (las escuchas) hoy la prueba es abundante y además los jueces cuentan con el testimonio confeso del heredero de estas prácticas, Luis Bárcenas.