Tribunales
RAMA VALENCIANA DE LA TRAMA GÜRTEL

Otro empresario admite que financió de forma ilegal al PP de Francisco Camps

Se trata de Alejandro Pons Dols, presidente del Grupo Piaf, que busca rebajar su condena al admitir de forma íntegra los escritos de Anticorrupción y de la acusación del PSOE que le acusan de financiar dos elecciones del PP en Valencia y las segundas a las que optó Rajoy a la presidencia. Pons es el tercer empresario que reconoce los pagos ilegales al PP, tras Enrique Ortiz y José Francisco Beviá. La cúpula que nombró Francisco Camps en la Generalitat y el PP valenciano, se sentará en el banquillo

Francisco Camps, en una fotografía de archivo. / EFE

Madrid

El empresario castellonense Alejandro Pons se suma a los alicantinos Enrique Ortiz y José Francisco Beviá, y alcanza un acuerdo de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción por el que asume que financió de forma ilegal al PP valenciano en tres elecciones distintas y que falsificó documentos para dar apariencia de veracidad a los pagos fraudulentos.

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En su escrito, Pons admite de forma íntegra las conclusiones del Ministerio Público y de la acusación del PSOE valenciano. Es decir, que junto a otros empresarios que contrataban con la Generalitat valenciana presidida por Camps, "abonó de forma irregular" servicios electorales que la formación conservadora adjudicaba a Orange Market, la marca valenciana de la trama Gürtel que dirigía Francisco Correa.

De este modo, al financiar de forma ilegal los comicios del PP, empresarios como Pons se aseguraban las contrataciones con la administración pública.

Anticorrupción pedía para Alejandro Pons un total de seis años de cárcel por haber financiado con más de 30.000 euros al PP en las elecciones municipales y autonómicas de 2007, y en las generales de 2008 - las segundas a las que concurrió Mariano Rajoy como candidato a la presidencia del Gobierno-, así como por falsedad en documento. Con este acuerdo de conformidad alcanzado con la Fiscalía y las acusaciones, el empresario busca rebajar la condena hasta un año y nueve meses de cárcel.

Alejandro Pons es un viejo conocido en la Comunidad Valenciana y en concreto en Castellón. Adjudicatario de la mayor parte de concursos de mantenimiento de la Diputación que presidía Carlos Fabra por decenas de millones de euros, la oposición siempre censuró al mandatario provincial las contrataciones bajo sospecha.

La Audiencia Nacional sentará en el banquillo a Vicente Rambla, quien fuera vicepresidente primero de la Generalitat de Francisco Camps, así como al secretario general que nombró en el partido, Ricardo Costa, y otros tres de sus antiguos cargos en el PP. También a diez empresarios y a los cabecillas de la trama. La Fiscalía pide hasta 27 años de prisión.

 
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