Bruselas abre expediente España para que modifique la ley de los desahucios
La Comisión Europea ha tardado 3 años en reaccionar a las sentencias del Tribunal de Luxemburgo, pero al final abre proceso contra España
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La plataforma Stop Desahucios siempre ha defenestrado la ley hipotecaria española. / EFE
Bruselas
La Comisión Barroso dejó a punto los documentos para abrir este expediente, pero el nuevo equipo Juncker prefirió dar al gobierno un poco más de tiempo por si nuevas sentencias modificaban la jurisprudencia de la más progresista, pero no ha sido así y aunque el Tribunal Europeo tiene aún varios casos por resolver, el Hobierno español ha recibido este jueves la carta con la apertura oficial del procedimiento.
La ley hipotecaria, incompatible con la ley europea de los Derechos de los Consumidores, fue modificada tras la sentencia Aziz, la primera contra la cláusulas abusivas que permitían a las entidades bancarias penalizar con tasas sobredimensionadas a los propietarios que con la crisis no podían pagar los créditos hipotecarios.
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Pero la modificación fue censurada por el Tribunal Europeo de Luxemburgo por las restricciones fijadas para los firmantes de contratos anteriores a la reforma, cuyo derecho a denunciar las cláusulas abusivas quedaba limitado al mes posterior a la publicación de la ley de la que ningñun afectado había recibido información personalizada.
Esta sentencia, C-8/14 del 29 de octubre del 2015, como la de julio del 2014 que autoriza al juez a suspender un procedimiento de ejecución si considera que se está realizando en base a esas cláusulas abusivas han sido claves en el proceso que ha enfrentado a las plataformas de afectados por los desahucios contra un sistema pensado para evitar los daños económicos a los bancos.
La Comisión no especifica en su decisión de este jueves qué cambios exige al gobierno español, pero sí dice que la reforma realizada en el año 2013 no responde a las dudas creadas por la ley española y da al gobierno 2 meses para que envíe sus clarificaciones.
Además de por las dos sentencias anteriores, la Comisión pide también explicaciones por las cláusulas suelo, el precio mínimo al que un banco acepta reducir los intereses de una deuda y cómo se garantiza que el que ha firmado un crédito recibe la devolución íntegra de lo pagado si un tribunal sentencia que ese interés no está justificado.
La apertura del expediente no implica que el tema termine ante los tribunales europeos, pero si indica que las negociaciones abiertas entre el gobierno español y las autoridades de Bruselas no han permitido llegar a un punto de consenso.
