El juez investiga si la minera Berkeley "compró" al alcalde y los concejales de Retortillo

Madrid

El magistrado del Juzgado de Instrucción de primera instancia de Ciudad Rodrigo ha ordenado a la policía judicial que investigue los hechos denunciados por la plataforma Stop Uranio, que agrupa a vecinos y a grupos ecologistas que se oponen al proyecto minero de Berkeley en el municipio salmantino de Retortillo.

Stop Uranio, en una querella criminal presentada el pasado mes de abril, acusó al exalcalde popular de Retortillo, Javier Santamartina, y a tres concejales de su equipo de gobierno de haber facilitado, a cambio de dinero, gestiones administrativas solicitadas por Berkeley, la empresa australiana que pretende abrir en la zona la que será la única mina de uranio a cielo abierto de Europa.

En el auto de apertura de diligencias previas, al que ha tenido acceso la Cadena SER, el magistrado cita a declarar como imputados al exregidor y a los tres concejales denunciados aduciendo que existen indicios de que los querellados pudieron haber incurrido en "negociaciones prohibidas a los funcionarios", un delito castigado con penas de hasta dos años de cárcel.

Pagos encubiertos

La querella de Stop Uranio hace referencia a la compra por parte de la empresa Berkeley de veinte hectáreas de suelo rústico en 2012 para instalar sus oficinas en Retortillo. Dichos terrenos pertenecían a la familia de quien en aquel momento era alcalde del municipio, Javier Santamartina. Se da la circunstancia de que ocho meses antes de la compra de la finca y en un clima de fuerte oposición vecinal, Santamartina había concedido a Berkeley los permisos municipales necesarios para instalar su sede en Retortillo y había recalificado sus propios terrenos (originalmente rústicos) para permitir la instalación de las oficinas.

De acuerdo con la certificación registral de la finca, su precio de compra fue de 197.414 euros, el equivalente a 10.000 euros por hectárea. Un valor que, según las fuentes consultadas por la SER, duplica el precio de mercado en la zona. La querella se dirige también contra tres concejales del equipo de Santamartina (dos ellos todavía en activo), también del Partido Popular. Según la denuncia, en el caso de los concejales, los tres han compatibilizado su cargo y por lo tanto la aprobación en pleno de permisos administrativos con retribuciones de la empresa minera en concepto de “contratación de servicios”.