Las cuatro investigaciones por supuesta financiación ilegal que acechan al PP

Madrid

Ciudadanos plantea como una de las condiciones para negociar la posible investidura de Mariano Rajoy la creación de una comisión de investigación en el Congreso sobre la supuesta financiación ilegal del Partido Popular. Dicho órgano investigaría, en todo caso, las reponsabilidades políticas porque las penales ya se siguen en los tribunales.

Cuatro sumarios distintos desvelan los indicios de que la formación conservadora ha utilizado fondos irregulares para financiar sus actividades: caso Gürtel, caso Bárcenas, caso Taula y caso Púnica. En todos están procesados antiguos altos cargos del Partido Popular.

Solo en las investigaciones sobre el extesorero del PP Luis Bárcenas la justicia apunta ocho millones de euros en 18 años para financiar actividades politicas como campañas electorales. Por eso, el propio partido se encuentra investigado como persona jurídica.

Si no se logran más datos de esas operaciones ilegales, desarrolladas en muchos casos desde los propios despachos de la calle Génova de Madrid, es por la destrucción de los ordenadores de Luis Bárcenas, lo que le ha costado al partido la imputación de más responsables de la sede nacional.

Por si fuera poco, hay empresarios que han decidido contar a los jueces cómo se desarrollaba la operativa. Es el caso del constructor madrieño Alfonso García-Pozuelo, que dice haber abonado en negro a los populares 1.400.000 euros, o el empresario valenciano Enrique Ortiz, con otro largo millon de euros.

En todo caso, el delito de financiación ilegal aparece siempre en estas investigaciones, lo que revela un modus operandi común en todo el país.

Si el PP valenciano tiene lo suyo en esta trama de financiación ilegal, no le van a la zaga los populares madrileños de los tiempos de Esperanza Aguirre. Los que eran gente de su confianza, ahora ya procesados, hicieron lo propio en la red Gurtel y en la red Púnica. En este último caso, Francisco Granados tambien parece que echó una mano para abonar los gastos electorales con la ayuda de cinco constructoras. La expresidenta del PP madrileño, de la Comunidad de Madrid y actual concejala en el Ayuntamiento de la capital no sabía nada.