El gobierno de Cifuentes reconoce un espionaje político pagado con dinero público durante la etapa de Aguirre

Madrid

En marzo de 2009, la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, celebraba que el supuesto espionaje político en el seno de su gobierno se había quedado en un “montaje”. Más de siete años después, la misma Comunidad de Madrid ha enviado al juzgado que investiga los seguimientos su escrito de calificación de cara al hipotético juicio: un escrito al que ha tenido acceso la Cadena SER en el que los letrados del gobierno regional que ahora dirige Cristina Cifuentes dan por cierta la existencia de estas labores de vigilancia y también que fueron llevadas a cabo con dinero y medios públicos.

Un escrito en el que pide que los seis imputados sean llevados al banquillo de los acusados por un delito de malversación de fondos públicos, por supuestamente haber realizado estos seguimientos con medios y dinero de la Comunidad: pide 18.000 euros de multa y tres años de suspensión de empleo para Sergio Gamón, entonces director general de Seguridad, y 9.000 euros y la misma suspensión para el entonces subdirector, Miguel Castaño. Para los tres agentes de la Guardia Civil y un empleado público que supuestamente habrían realizado los seguimientos pide 1.800 euros de multa y un año de suspensión.

Siete años y medio del ‘caso espías’

<p>La investigación concluye después de tres archivos provisionales, dos comisiones parlamentarias y una investigación en el PP.</p>

Los abogados de la Comunidad de Madrid son contundentes al asumir la existencia de estas vigilancias: “Tal y como ha quedado acreditado, durante los meses de marzo a mayo de 2008 se llevó a cabo una actividad por parte de personas vinculadas a la Administración Regional de la Comunidad de Madrid que se separó objetivamente de las legítimas atribuciones y competencias que les correspondían”. Una actividad que, según reconoce el escrito, fueron “tareas de seguimiento y control de personas que ostentaban cargos públicos en diferentes Administraciones”. Las víctimas de estos supuestos seguimientos fueron Manuel Cobo, en ese momento vicealcalde del Ayuntamiento de Madrid con Alberto Ruiz-Gallardón, y Alfredo Prada, exconsejero de Justicia y diputado regional del PP, todo en el marco de una guerra abierta en el seno de la formación conservadora por el liderato del partido a nivel nacional.

Para la Comunidad de Madrid, los guardias civiles y policías encausados “cumplieron las órdenes dadas por su superior”, empleando medios públicos como “vehículos y móviles corporativos, desvirtuando así su legítimo uso”. El escrito hace máximo responsable del dispositivo de vigilancia a Sergio Gamón, hombre de confianza de Esperanza Aguirre: consideran que se le debe aplicar un agravante ya que “como director general de Seguridad impartió las órdenes, dirigió de forma determinante la operativa antijurídica y fue el artífice de la disposición de los medios de la Administración Regional para sus subordinados”. Además, explica la Comunidad, los agentes que llevaban a cabo los seguimientos lo hacían “dando a continuación cuenta de los resultados de sus pesquisas a Miguel Ángel Castaño”, subdirector de Seguridad con Gamón.

Tres archivos y tres reaperturas

El escrito de calificación provisional de la Comunidad de Madrid, que ejerce la acusación en este caso espías, llega después de que la jueza instructora haya decidido archivar hasta en tres ocasiones la investigación, y también de que la Audiencia Provincial haya obligado hasta tres veces a reabrirla.

Una investigación que se ha centrado en el uso de medios y fondos públicos para pagar estos seguimientos, y no en las propias vigilancias o en las órdenes que se pudieron impartir desde escalafones más altos en la administración regional que dirigía en ese momento Esperanza Aguirre.