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Miércoles, 08 de Abril de 2020

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El origen del caso Pujalte: “Creía que eran empresas de empresarios, no políticos”

La exsenadora del PP Ana Torme denunció ante la Fiscalía que la empresa que tenía a medias con Martínez-Pujalte había recibido pagos de “tres personas vinculadas a mi partido”

Ana Torme y Vicente Martínez-Pujalte en una imagen de archivo

Ana Torme y Vicente Martínez-Pujalte en una imagen de archivo / Manuel H. de León (EFE)

El próximo miércoles 23 de noviembre, el histórico exdiputado del Partido Popular Vicente Martínez-Pujalte tendrá que presentarse ante el juzgado número 49 de Madrid en calidad de investigado. Junto con él lo hará la también exdiputada y exsenadora Ana Torme, y tres semanas más tarde Alejandro Ballestero, otro antiguo compañero de bancada en la cámara baja. Se les acusa, de forma indiciaria, de un delito de falsificación de documentos mercantiles, por supuestamente haber ingresado más de un millón de euros a lo largo de seis años de varias empresas por servicios que nunca habrían prestado. En el foco de la investigación: una empresa, una publicación periodística y una socia engañada.

El 20 de abril del año pasado, el diario El País publicaba un informe que la Agencia Tributaria había presentado ante la Fiscalía Anticorrupción, denunciando un entramado de cobro de comisiones en Castilla y León en torno a parques eólicos, que terminó bautizada como la ‘trama eólica’. Dos días después, el diario desvelaba que una de las empresas supuestamente beneficiadas por este proceso había pagado más de 350.000 euros al entonces diputado ‘popular’ Federico Trillo y 75.000 a Vicente Martínez-Pujalte, éste último cobrándolo entre 2008 y 2009 a través de la empresa Sirga XXI. La empresa que tenía a medias con la entonces diputada Ana Torme.

Dos meses después la Fiscalía Provincial de Valladolid recibía un escrito de catorce páginas: la senadora del PP Ana Torme explicaba con todo lujo de detalles cómo había nacido la empresa que hasta 2011 tuvo a medias con Pujalte, y cómo tras verse reflejada en la prensa tiró del hilo y encontró pagos de miles de euros de compañeros de partido, empresas de origen sospechoso y personas supuestamente relacionadas con casos de corrupción.

En el escrito, presentado el 19 de junio de 2015, explica la exsenadora que fue en 2008 cuando intentó poner en marcha su primer proyecto con su compañero de bancada Vicente Martínez-Pujalte: una sociedad conjunta para representar a un grupo de músicos que incluso llegó a conocer. El proyecto no salió adelante “por motivos que desconozco” pero poco después nació Sirga XXI Consultores SL: una empresa que tenían al 50% para hacer informes y asesorar a empresas, con Martínez-Pujalte de presidente y ella de secretaria.

Durante los años siguientes, Torme explica que participó en varios proyectos, entre ellos un libro llamado “Pasado, presente y futuro de las cajas de ahorro” dirigido por su socio junto con Jordi Sevilla y el ministro Luis de Guindos.

Es en 2011 cuando Torme decide abandonar el proyecto y vende sus participaciones a Martínez-Pujalte por 5.250 euros. Cuando cuatro años más tarde su nombre y el de su antigua empresa salta a los medios, según su versión, tira del hilo y se encuentra con clientes que no conocía, nombres que sí conocía y pagos que no podía explicar: “La evidencia de que mi socio me había ocultado que teníamos clientes que además eran amigos míos supuso para mí algo más que una desagradable noticia, fue la constatación de una verdadera ocultación de datos”, dice.

Se refiere, entre otros, a Pedro Gómez de la Serna, Gustavo de Arístegui y Alejandro Ballestero, los tres exdiputados del Partido Popular. “Yo tenía el pleno convencimiento de que eran empresas de empresarios, no de políticos”, explica, detallando que de las empresas de los tres su socio cobró un total de 44.500 euros. Se basa en informaciones periodísticas para afirmar que, escrutando la lista de clientes, encuentra “no pocos administradores de esas empresas que nos pagaban o a las que pagábamos tienen a sus administradores, consejeros o familiares o personas vinculadas sometidos a escándalos de corrupción referidos a políticos del Partido Popular.

La exdiputada (1996-2011) y exsenadora (2011-2015) explica que los datos recogidos “me hacen dudar de la veracidad de las facturas emitidas, de los pagos efectuados y de la realidad de los trabajos”, mencionando una “ánimo espurio” en las intenciones de Vicente Martínez-Pujalte y “la certeza de que había sido engañada”. Un escrito que en abril de 2016 se tradujo en una denuncia por parte de la Fiscalía de Valladolid que poco después se transformaban en diligencias abiertas en un juzgado de la ciudad: ha sido el juzgado 49 de Madrid el que ha cogido el testigo y les ha llamado a declarar el próximo 23 de noviembre por un posible delito de falsedad documental.

Pujalte, De la Serna y De Arístegui

El ‘caso Pujalte’ nace de la conocida como ‘trama eólica’ y conecta con el caso ‘Voltar-Lassen’: según la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF), Pujalte cobró en torno a 60.000 euros por informes que plagiaba en buena parte de internet – en un caso copió un trabajo de fin de carrera – y enviaba a Gustavo de Arístegui y Pedro Gómez de la Serna, a razón de 4.500 euros al trimestre mientras era diputado.

Informes que trataban, sobre todo, la situación social y económica de Argelia, país clave en el supuesto entramado de cobro de comisiones a cambio de contratos de Gómez de la Serna y De Arístegui. En la denuncia que presentó la Fiscalía de Valladolid figuran pagos a la empresa Sirga XXI por valor de 67.620 euros procedente de Scardovi SL y Karistia SL, empresas investigadas en el caso ‘Voltar-Lassen’. Facturas con “una patente falta de autenticidad objetiva” según la Fiscalía.

Martínez-Pujalte, Torme y Ballestero declararán a lo largo del próximo mes junto con dos empresarios y también junto a un directivo de la fundación FAES, ‘think tank’ del Partido Popular: Miguel Marín Cózar, que según la Fiscalía adquirió en julio de 2013 la mitad de la sociedad Sirga XXI a través de la mercantil Análisis Económico Integral. En su denuncia, la Fiscalía de Valladolid pedía que se hiciese un listado de sus cuentas bancarias y también sociedades. Según Ana Torme, antes de que pasase a ser socio de esta empresa, Vicente Martínez-Pujaltesubcontrató” algunos de los trabajos de asesoramientos con Marín. Tendrá que prestar declaración como imputado el 14 de diciembre.

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