Ciudadanos es el partido con más advertencias del Tribunal de Cuentas sobre su contabilidad

Madrid

La fiscalización del Tribunal de Cuentas afecta a las 25 formaciones y coaliciones que concurrieron a los comicios del pasado 20 de diciembre de 2015. En total, los partidos se gastaron 57,7 millones de euros, 47,3 de aportaciones privadas, 33,9 en endeudamiento bancario, 16,3 de adelantos de subvenciones y 7,4 millones de aportaciones de los propios partidos.

En la fiscalización, el tribunal ha detectado un total de 579.000 euros en gastos irregulares, es decir, mal justificados o que no tienen naturaleza electoral. Otro dato importante destacado en el capítulo de conclusiones, es el hecho de que 45 empresas no han cumplido con la obligación de informar de los gastos superiores a 10.000 euros, en total, sumando todas las formaciones, los proveedores han dejado de informar por un saldo que asciende a 3,7 millones de euros.

De esas 45 empresas que proveen servicios a partidos políticos por más de 10.000 euros y que no las han declarado al Tribunal de Cuentas, 25 son al Partido Popular, por un importe de 2.843,271 euros. Es decir, el 76,85% de los gastos no declarados por proveedores corresponden al PP. Si además del PP, se suman sus coaliciones con el Partido Aragonés y Foro, las empresas son 33 de las 45.

Además, sobre las cuentas de los populares, el informe ha detectado fondos no ingresados en las cuentas electorales por un total de 23.875 euros; e igualmente hay gastos electorales que se han pagado desde otras cuentas corrientes por un valor de 26.987 euros.

Siguiendo con las conclusiones generales, el informe destaca también el hecho de que siete formaciones políticas hayan realizado pagos por un total de 516.666 euros con posterioridad a los 90 días siguientes de la votación –el periodo que exige la ley para liquidar cuentas electorales- incumpliendo el artículo 125.3 de la LOREG. Además, cuatro formaciones mantenían deudas pendientes de pagos con proveedores una vez superado el límite de tiempo legal por un importe conjunto de 393.205 euros.

El Tribunal de Cuentas ha detectado un total 579.683 euros por parte de todos los partidos en gastos irregulares, es decir, mal justificados o que no tienen naturaleza electoral. En concreto, 4.257 euros no han sido debidamente justificados; 37.197 euros se han realizado fuera del periodo electoral y 537.683 euros cuyo origen no corresponde al gasto electoral.

Del total de los gastos irregulares, el 66,87% corresponde a Ciudadanos. El Tribunal de Cuentas ha detectado un total de 387.667 euros de la formación naranja que no corresponderían a gastos electorales o eran deficientes. En las alegaciones, Ciudadanos señala que con ese dinero procedente de las subvenciones electorales pagó las obras de reforma de la sede y no lo incluyó porque hicieron las obras originalmente "para actos de la campaña y que, tras los resultados obtenidos en las elecciones, se decidió el carácter permanente de la sede".

El tribunal rechaza el intento de Ciudadanos de incluir la reforma en los gastos electorales porque no corresponden a conceptos "con finalidad puramente electoral" y afea también que haya incluido otras facturas que no son gasto electoral aunque el informe no detalla el desglose de esos gastos. Tras las justificaciones, la formación naranja asume las advertencias y asegura que tendrán en cuenta las llamadas de atención del tribunal en su contabilidad para próximos comicios. Ciudadanos cuenta con unos recursos totales de 7.724.523 de euros, de los cuales 7.662.574 son préstamos; y gastó en total 6.746.619 euros en los comicios del 20D.

En cuanto al PSOE, las operaciones de endeudamiento ascienden a 8.642.129 de euros, no se financia con ninguna aportación privada ni del partido y sólo lo hace con endeudamiento y adelantos de subvenciones. Los gastos irregulares ascienden a 7.575 euros –de la cifra global de todos las formaciones de 579.683 euros- al no tener consideración de gasto electoral. En el informe no aparece ninguna empresa que no haya declarado sus gastos. Sí en el caso de la Coalición PSOE-Nueva Canaria en el que figura una sola empresa.

En el caso del PSC las operaciones de endeudamiento ascienden a 847.000 euros y los gastos irregulares a 40.800 euros, de los que 37.000 son gastos realizados fuera de plazo. Los socialistas catalanes han trabajado con 3 proveedores que no han declarado los gastos superiores a 10.000 euros. En las alegaciones, el PSC ha remitido dichas facturas.

Los gastos irregulares de la coalición Compromis-Podemos-És el moment se refieren a gastos de los trabajadores "que han prestado sus servicios de forma permanente" de los partidos Bloc Nacionalista, Compromis, Iniciativa el Poble Valenciá, Verds, Equo, Podems y para el grupo parlamentario Podemos por importe de 52.980 euros. Según el tribunal, "los referidos gastos no han sido admitidos como susceptibles de ser financiados con subvenciones electorales".

En cuanto a la contabilidad de Podemos, la formación morada no tiene operaciones de endeudamiento, su financiación corresponde a aportaciones del partido y justifica unos gastos totales de 2,2 millones de euros. Según el informe, 2,8 millones de euros disponibles como recursos declarados provienen de la concesión de microcréditos. Y un apunte, la formación ingresó estas cantidades en una cuenta bancaria distinta de las electorales comunicadas a la Junta Electoral Central y a las juntas provinciales y que mediante sucesivas aportaciones fue transfiriendo a las mismas, según reprocha el organismo fiscalizador. Podemos, En Marea y En Común Podem no tienen gastos irregulares.

El PP se ha endeudado por un total de 10,7 millones de euros y tiene cerca de 38.000 euros en gastos irregulares. El gasto total de gastos electorales declarados del PP asciende a 12,1 millones de euros.

Democracia y Libertad –la antigua Convergencia- se ha endeudado por un total de 1.164.662 de euros. Una cantidad similar a la que ha pedido ERC-Catalunya, que asciende 1.100.000 euros. En Comú Podem tiene operaciones de endeudamiento por un total de 79.600 euros. Y destacan formaciones como PNV, Compromís, En Marea o Bildu que no han pedido ningún crédito.

El tribunal hace siete recomendaciones para mejorar la contabilidad de los distintos partidos. El organismo fiscalizador recomienda regular nuevas fórmulas de financiación a través de microcréditos, hacer una reflexión sobre el gasto en 'mailing' y propaganda electoral y que se tenga más en cuenta la prensa digital. Además, pide vincular el límite de gasto electoral al número de electores en lugar de al número de habitantes correspondientes a las circunscripciones. Para el tribunal, las donaciones recibidas en periodo electoral deberían incorporarse a las cuentas electorales y someterse a la fiscalización de la LOREG.