Las familias de las víctimas del atentado de Kabul insisten al juez en la responsabilidad del embajador

Los familiares de las víctimas del atentado en Kabul el pasado diciembre de 2015 insisten en que se investigue un presunto delito de homicidio imprudente provocado por la negligencia de los embajadores. En sendos escritos, a los que ha tenido acceso la Cadena SER, se oponen al criterio de la fiscalía y piden que se mantengan separados los dos procedimientos. Es decir, el delito de terrorismo perpetrado por los talibanes por un lado y  la posible responsabilidad de los cargos diplomáticos y de Exteriores por no garantizar la seguridad del recinto donde murieron los dos policías españoles.

Las familias de los polícias responden así a los recursos de reforma de la Fiscalía contra los autos del juez Santiago Pedraz (del pasado 17 y 21 de noviembre) y donde el ministerio público pide investigar únicamente el atentado contra la embajada. Más dura es la posición de la Abogacía del Estado, en su recurso contra la decisión de Pedraz, recrimina al juez su “empeño en investigar únicamente a los funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores” y tacha de “calificación que roza el absurdo jurídico los pretendidos homicidios imprudentes en grado de tentativa”.

Las familias creen que es más garantista mantener las causas separadas para poder investigar las circunstancias en las que se produjo el atentado que acabó con la vida de los Jorge García e Isidro Gabino así “como las condiciones de la embajada en el momento de los hechos” y “los motivos por los cuales la sede diplomática española era tan vulnerable a actos terroristas de tal calado”.

Los qeurellantes, familiares y allegados de los agentes asesinados, coinciden con el juez Pedraz en que “no existe identidad de autores ni tampoco delitos conexos” relacionados con el ataque talibán y recuerdan que la querella es sobre las infracciones de carácter penal totalmente ajenas a los de terrorismo y sobre los que la fiscalía quiere continuar la investigación dejando fuera las posibles responsabilidades políticas, dice el escrito de la defensa de la viuda Gemma de los Ríos Rubio.

Las familias se preguntan “cómo es posible haber llegado a esta situación producida el pasado 11 de diciembre de 2015” y por qué la sede de la Sede Diplomática era “tan vulnerable a semejantes actos terroristas”. Insisten en que “los aparatos del Estado no atendieron a los informes sobre seguridad que se les remitía” y quieren aclarar “por qué se permitía la ubicación del edificio de la embajada en latente zona de guerra y fuera del perímetro de seguridad o zona verde donde se encontraban el resto de Representación Diplomáticas de otros países y por qué no se realizaron reformas en el edificio”.

Además, quieren identificar “qué personas tenían libre acceso a la embajada y por qué motivo” y denuncian que en Kabul “se cerraban los ojos por parte de los titulares de la Embajada como por Exteriores e Interior ante cada una de las marcadas carencias del lugar, teniendo en cuenta la situación de guerra del país y el contiguo peligro al que estaban expuestos”.

Según el escrito, la actuación del segundo embajador, Oriol Solá, apunta a una posible “dejación de sus funciones, como máximo responsable de la embajada en ese momento” y al haber recibido un aviso de la Agregaduría de Defensa francesa.

La querella en la Audiencia recoge que el día del atentado, tres talibanes entraron en la embajada por el hueco provocado por la explosión de un coche-bomba y comenzaron a disparar. En el ataque murieron los policías Isidro Gabino Sanmartín y Jorge García Tudela, diez afganos miembros del personal de seguridad y otros siete agentes resultaron heridos. Los terroristas fueron abatidos por las fuerzas norteamericanas.