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Lunes, 09 de Diciembre de 2019

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LA VENTANA LA VENTANA María Pujalte en 'Todo por la radio'

Las pruebas de la desobediencia

El instructor detalla cómo el expresidente, la exvicepresidenta y la exconsejera de Educación trabajaron para celebrar la consulta pese a la prohibición del Constitucional

De izquierda a derecha, Irene Rigau, Artur Mas y Joana Ortega, en una imagen de archivo. /

El magistrado José Francisco Valls Gomba dictó el pasado octubre auto de apertura de juicio oral contra el expresidente catalán Artur Mas, la exvicepresidenta Joana Ortega y la exconsejera de Educación Irene Rigau por desobediencia y prevaricación administrativa al impulsar la celebración de una consulta independentista que había sido prohibida por el Tribunal Constitucional.

La Fiscalía pide una condena de diez años de inhabilitación para Mas y nueve para Ortega y Rigau. El escrito de acusación excluye el delito de malversación de fondos públicos, que también se investigó y que era el único que acarreaba penas de cárcel.

Lo que sigue son las pruebas descubiertas durante la investigación que aparecen reflejadas en el auto de apertura de juicio oral:

Artur Mas: "Consintió y no paralizó la preparación de la consulta"

Haz clic para consultar el auto de apertura de juicio oral contra Artur Mas, Irene Rigau y Joana Ortega. / Cadena SER

"El entonces Presidente de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas i Gavarró, conocía desde el mismo 4 de noviembre la providencia del Tribunal Constitucional por la cual debía dejar sin efecto la convocatoria del 9-N y proceder a detener todos aquellos procedimientos en los diferentes departamentos para dar cumplimiento a la resolución del Tribunal Constitucional, toda vez que la misma ordenaba la suspensión también de los actos de preparación y vinculados a ello.

Manifestó ante los medios de comunicación y ante esta instrucción que el proceso no se llevaría a cabo por la Generalitat sino por medio de voluntarios, de manera que el proceso quedaba en manos de particulares. Expuso que desde el día 4 de noviembre de 2014, todas las actuaciones del Departament de Presidencia, Governació y Ensenyament se ejecutaron por medio de voluntarios. Explícitamente, se explicó que se decidió seguir adelante porque se cambió el formato.

Indiciariamente, y con el carácter provisional que caracteriza a esta fase de investigación, se han señalado los indicios o principios de prueba que apuntan en una dirección contraria. Esto es, que intervinieron contratistas privados contratados por la Generalitat tras el día 4 de noviembre y en especial durante los días 7, 8 y 9 de noviembre, de manera que sin ellos el proceso participativo no hubiera podido llevarse a cabo, pues, entre otros extremos, les competía a ellos algo tan esencial como el suministro e instalación de los programas informáticos para permitir la votación y el traslado e instalación de los ordenadores en los puntos de votación, así como la recepción y tratamiento de datos en el CTTI.

Por lo tanto, consintió y no paralizó los diferentes procedimientos de contratación, algunos de carácter tan evidente como la preparación de un centro de prensa en Montjuïc, que según señala fue decisión de la Conselleria de Presidencia, para informar públicamente de los resultados, la fabricación e instalación del software informático o la difusión de contenido de la campaña institucional en los medios de comunicación, se comprometían recursos públicos de la Administración catalana".

Joana Ortega: "Llevó a cabo actuaciones para celebrar la consulta y dio publicidad a los resultados"

"La vicepresidenta Joana Ortega i Alemany, consellera de Governació i Relacions Institucionals, llevó a cabo toda una serie de actuaciones orientadas a preparar y celebrar la consulta del 9-N, en coordinación con el president de la Generalitat. Así, a instancias de su Departament se contrató un suplemento del seguro de accidentes para los voluntarios, la construcción de la página web se encomendó al CTTI, a la par que encargó la arquitectura informática necesaria para que la jornada del 9N fuese operativa, lo que ya se ha visto que derivó en las contrataciones de las mercantiles T-SYSTEMS y FUJITSU. También se llevó a cabo el Convenio con el CIRE para la realización y suministro del material para la votación.

Y fue la Vicepresidenta, la que, a lo largo de la jornada y después de la finalización de la misma, procedió en el Centro de prensa internacional a dar publicidad a los resultados obtenidos.

Y ello no obstante, la Consellera declaró haber tomado conocimiento de la suspensión del proceso de participación del 9-N, por parte del Gabinete jurídico de la Generalitat de Cataluña el mismo día 4 o el 5 de noviembre, haber recibido una carta de la Subdelegada del Gobierno en la que se requería a la Consellera que no llevara a cabo actuaciones contra la providencia del Tribunal Constitucional y haber indicado que a partir de la suspensión todo el proceso estaba en manos de los 42.000 voluntarios, se autogestionaba y no era posible suspender el proceso".

Irene Rigau:"Procuro que los directores de Instituto cedieran los centros para la votación del 9-N"

"La consellera d'Ensenyament Irene Rigau i Oliver, como consellera actuó de manera coordinada con los anteriores, ya que procuró mediante los jefes de los servicios territoriales que los directores de Instituto cedieran los mismos para su apertura como puntos de votación en la jornada del 9-N, a la par que posibilitó que en los mismos durante los días 7 y 8 de noviembre se instalaran los ordenadores, el software necesario y el material para poder proceder a la votación.

Y ello, no obstante conocer que existía la suspensión de la convocatoria del 9-N, así como las actuaciones preparatorias y vinculadas a la misma, por parte del Tribunal Constitucional, haber recibido una carta de la Subdelegada del Gobierno que advertía de la obligación de acatar la providencia del Tribunal Constitucional, a la que respondió que no se llevó a cabo ninguna actuación contraria a la providencia del Tribunal Constitucional, y haber declarado que toda la organización iba a cargo de voluntarios.

Refirió, asimismo, que se autogestionaba el proceso, que entre los mismos voluntarios se solventaban las posibles incidencias que pudieran aparecer, y que fueron ellos a buscar los ordenadores a los almacenes y los devolvieron a los mismos, cuando la instrucción demuestra lo contrario".

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Cadena SER

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