Últimas noticias Hemeroteca

Lunes, 09 de Diciembre de 2019

Otras localidades

LA VENTANA LA VENTANA María Pujalte en 'Todo por la radio'

Las consultas inconstitucionales

El Alto Tribunal mantiene desde 2008, cuando anularon una ley vasca, el criterio de que los referendos por el derecho a decidir son inviables sin reformar la Constitución

A la izquierda, Artur Mas vota en la consulta catalana del 9 de noviembre de 2014 en Barcelona; a la derecha, Juan José Ibarretxe muestra una papeleta de ejemplo de la consulta vasca que nunca se celebró, el 28 de mayo de 2008 en Vitoria. /

La idea de celebrar un referéndum sobre el derecho a decidir para impulsar un proceso de independencia en una comunidad autónoma echó raíces hace nueve años en Euskadi. Entonces, el lehendakari Juan José Ibarretxe reaccionó con una iniciativa legislativa al rechazo por las Cortes del nuevo Estatuto vasco para crear un estado asociado. El parlamento de Vitoria aprobó una ley donde se fijaba la celebración de una consulta sobre el derecho de autodeterminación para el 25 de octubre de 2008.

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero recurrió esa Ley vasca y el Tribunal la declaró inconstitucional antes de que se celebrase la consulta. Ibarretxe, a diferencia de lo que hicieron algunos años después los dirigentes de Cataluña, renunció a sacar las urnas a la calle y hasta allí llegó, de momento, la aventura soberanista del Ejecutivo nacionalista vasco.

Los magistrados del Tribunal Constitucional consideraron, por unanimidad, que la Ley de Consulta vasca no era sino "la apertura de un procedimiento de reconsideración del orden constituido" que pretendía "una nueva relación entre el Estado y la comunidad autónoma del País Vasco". La sentencia señalaba que el derecho a decidir del pueblo vasco sobre la independencia era "imposible sin una reforma previa de la Constitución vigente". "El procedimiento que se quiere abrir [con la consulta], no puede dejar de afectar al conjunto de los ciudadanos españoles, pues en el mismo se abordaría la redefinición del orden constituido por la voluntad soberana de la Nación".

Vulneración del principio de unidad de España

Ibarretxe pretendía hacer una consulta con una pregunta doble: "¿Está usted de acuerdo en que los partidos vascos, sin exclusiones, inicien un proceso de negociación para alcanzar un Acuerdo democrático sobre el ejercicio del derecho a decidir del Pueblo vasco, y que dicho Acuerdo sea sometido a referéndum antes de que finalice el año 2010?". Este planteamiento, según el Constitucional, vulneraba los artículos 1.2 y 2 de la Constitución española, al ser contraria a la atribución de la soberanía nacional al pueblo español, así como al principio de unidad de la Nación española.

Resuelto por la vía judicial el desafío independentista vasco, seis años después, el Gobierno catalán impulsó una iniciativa similar basada en otra reforma de la Ley de Consultas catalana.

El Gobierno de Mariano Rajoy impugnó la norma y el Tribunal consideró que ésta era parcialmente inconstitucional pues se pretendía avalar como consulta autonómica lo que en realidad era un referéndum de independencia.

Pese al pronunciamiento del Constitucional, el Ejecutivo presidido por Artur Mas siguió adelante con su iniciativa, que intentó convertir en proceso participativo.

El presidente catalán no convocó la consulta del 9 de noviembre por decreto para tratar de orillar el pronunciamiento del Constitucional sino a través de la página web institucional de la Generalitat de Cataluña, y dejó en manos de voluntarios la organización de la consulta.

El Gobierno volvió a recurrir la iniciativa y el Tribunal Constitucional, cinco días antes del fijado para votar, suspendió por unanimidad la consulta y "las restantes actuaciones de preparación de la misma o vinculadas a ella". Eso impedía a las autoridades y poderes públicos de Cataluña seguir promoviendo actos tendentes a celebrar el denominado proceso participativo. Los magistrados del Constitucional entendieron entonces que pese a no existir ningún decreto, tanto las declaraciones del presidente catalán como las comunicaciones realizadas a través de la web oficial del Gobierno catalán eran de hecho una convocatoria institucional para que los catalanes se pronunciarán sobre la independencia.

El 9 de noviembre de 2014, más de seis millones de catalanes fueron llamados a las urnas para que se pronunciarán sobre dos preguntas: ¿Quiere que Cataluña se convierta en un Estado? Sí o no". A continuación, y en caso afirmativo, la segunda cuestión: "¿Quiere que este Estado sea independiente? Sí o no".

Dos tercios de catalanes no acuden a votar

Un tercio de los catalanes acudió a votar en 1.317 locales (entre colegios y oficinas). El 80% contestó sí a las dos preguntas.

Tras la consulta hubo nuevas elecciones en Cataluña. Y el Gobierno de Junts pel Si (la antigua CiU en coalición con ERC y representantes de movimientos independentistas catalanes) se comprometió a poner en marcha todos los mecanismos necesarios para impulsar la ruptura con España. El primero, un referéndum que pretenden convocar antes de septiembre de este año.

El Constitucional ha advertido en todos sus pronunciamientos que "existen límites constitucionales a la acción política". Esos límites están señalados en la Constitución vigente y los magistrados recuerdan que se pueden modificar pero siempre dentro de los cauces legales. Esos cauces legales pasarían por una reforma de la Constitución. No existe en la actualidad una mayoría política suficiente en el Congreso de los Diputados que pudiera sacar adelante una reforma de la Constitución para permitir que una comunidad autónoma impulse un proceso de independencia.

Cargando
Cadena SER

¿Quieres recibir notificaciones con las noticias más importantes?