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Martes, 28 de Enero de 2020

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El agujero de la financiación de partidos que abre la puerta a la corrupción

Treinta años después de que se aprobara la primera ley de financiación de partidos, la norma sigue permitiendo que las fundaciones políticas reciban donaciones de empresas privadas, incluso aunque sean contratistas de la administración

A la izquierda, Luis Bárcenas durante su declaración ante el juez y a la derecha, registro de la sede de CIU en Barcelona /

Este miércoles se va a reunir en el Congreso la comisión de la Calidad Democrática para intentar determinar los agujeros de la ley de financiación de partidos que allanan el camino a la corrupción. 

En la España democrática, el primer caso de financiación ilegal de un partido político del que hay constancia nos remonta hasta la década de los ochenta. Sin embargo, aún hoy, décadas después, seguimos padeciendo esta lacra. Sin ir más lejos, PP y Convergencia, dos partidos con responsabilidades de gobierno, están acusados ahora mismo en los tribunales de haberse financiado ilegalmente. Pero, en todos estos años, ¿se han tomado medidas para impedir esa práctica?¿Está nuestra democracia protegida hoy en día contra esta versión de la corrupción?

En 1987 se aprobó la primera ley de Financiación de Partidos Políticos.  Dicha norma admitía las donaciones anónimas pero estaban condicionadas a que no superaran los diez millones de pesetas anuales (60.000 euros de la actualidad) y a que el dinero no procediera de empresas que contrababan con la administración pública. Sin embargo, en la propia redacción de la ley estaba la trampa. Si las donaciones eran anónimas, ¿cómo era posible demostrar que no procedían de contratistas de la administración? En cuanto al límite de 60.000 euros por donación, con trocear unos ingresos que eran anónimos bastaba para saltar ese obstáculo.

Naseiro y Filesa, los primeros escándalos

La ley de 1987 no impidió que a finales de la década de los 80 aparecieran los primeros escándalos de financiación ilegal de partidos. En 1989, unas grabaciones autorizadas judicialmente para una investigación sobre narcotráfico en Valencia revelaron un supuesto caso de financiación ilegal del PP. El contenido de las conversaciones era muy claro. Se hablaba sin empacho de importantes cantidades de dinero para el partido a cambio de la concesión de obras. Sin embargo, el Tribunal Supremo decidió que esas grabaciones no se podían utilizar como prueba en esa causa porque habían sido supervisadas judicialmente para un caso de narcotráfico. Así que, el Partido Popular, con José María Aznar recién llegado a la presidencia, salió indemne del conocido como 'Caso Naseiro' (el entonces tesorero del PP se llamaba Rosendo Naseiro). Manuel Fraga, que acababa de pasar a Aznar las riendas del partido, comprendía por aquel entonces que pasaran cosas así porque había muchas elecciones (en 1989 hubo unas elecciones generales, unas europeas y unas autonómicas gallegas) y eso generaba un coste muy elevado para los partidos.

Ese argumento de que había muchas elecciones fue el que utilizaron también algunos dirigentes del PSOE para justificar su escándalo de financiación ilegal: el caso Filesa. Todo se fraguó en 1989 pero no fue hasta mediados de 1991 cuando se destapó el escándalo. Un conglomerado de empresas creado por el PSC se utilizó para cobrar por informes inexistentes o intrascendentes a compañías afines al Gobierno socialista. Los fondos obtenidos por esa vía se dedicaron a financiar las campañas del PSOE para las elecciones generales y europeas de 1989. En 1997, el Tribunal Supremo condenó a ocho personas por los delitos de falsedad en documento mercantil, asociación ilícita, delito fiscal y apropiación indebida. La investigación de la causa consideró probado que el PSOE se financió ilegalmente con unos 1.200 millones de pesetas (7,2 millones de euros de la actualidad) pero a nadie se le imputó el delito de financiación ilegal de partidos porque en aquel entonces, en 1997, sencillamente no existía. De hecho, en nuestro Código Penal, la financiación ilegal de partidos no estuvo tipificada como delito hasta julio del año 2015.

Escándalos como el de Filesa sirvieron para acuñar eslóganes políticos que ya están en nuestros archivos políticos, como el "váyase, señor González" de Aznar.

Mientras Aznar blandía el "váyase señor González", en 1995, el PP tuvo otro episodio de financiación ilegal, en este caso en Baleares. Es el conocido como caso del túnel de Sóller, que le costó el puesto al entonces presidente insular, Gabriel Cañellas. Se adjudicaron irregularmente las obras de construcción de este túnel a cambio de 50 millones de pesetas para una fundación que presidía Cañellas y para el propio PP, dinero que se utilizó para sufragar los gastos de las elecciones de 1989 y 1991. El Tribunal Superior balear declaró probados los hechos pero absolvió a los acusados porque el delito había prescrito.

Pero los casos de financiación ilegal de la década de los noventa no se circunscribieron sólo a PSOE y PP, también mancharon al nacionalismo catalán. En concreto, a Unió Democrática de Cataluña, el partido de Duran i Lleida. Todo empezó en 1994 pero no se pudo sustanciar judicialmente hasta 2013, es decir, dos décadas después. Fue el conocido como 'caso Pallerols'. Un empresario andorrano Fidel Pallerols y dos antiguos cargos de Unió fueron condenados a penas inferiores a dos años de cárcel a cambio de reconocer que desviaron casi 9 millones de euros de subvenciones de la Generalitat a financiar el partido.

20 años para prohibir las donaciones anónimas

Hubo que esperar hasta el año 2007, con Rodríguez Zapatero en la presidencia del Gobierno, para que se modificara la ley y por fin se impidieran las donaciones anónimas.  Recordemos que la norma del 87 prohibía a las empresas que contrataban con la administración hacer donaciones a partidos y limitaba el importe a 10 millones de pesetas al año por donante pero al mismo tiempo permitía las donaciones anónimas, y esa era la vía para burlar todo lo demás. Así que en 2007 se prohibieron por fin las donaciones anónimas aunque se elevó la cantidad anual que podrían aportar los donantes —personas físicas o jurídicas— hasta los 100.000 euros.

Esta ley taponaba una vía pero dejaba abierta otra. En el debate de aquella reforma el 10 de mayo de 2007, el entonces portavoz popular en la materia, Jaime Ignacio del Burgo, criticó con vehemencia que se permitiera a las fundaciones de los partidos lo que no se permitía a los partidos: recibir donaciones de empresas que contratan con la administración.

Diez años después de aquella reforma, ese agujero en la ley de financiación de partidos mantiene abierta la vía para que se cuele la corrupción. El PP no lo corrigió durante los 8 años de gobierno de Aznar y tampoco lo hizo durante los cuatro años de mayoría absoluta de Mariano Rajoy. Y eso que el PP impulsó en 2012 una nueva reforma de la ley en la que limitó la condonación de deudas a los partidos y otra en 2015 en la que ya prohibió directamente las donaciones a los partidos de todas las empresas privadas (independientemente de que contrataran o no con la administración) y redujo el límite de donaciones particulares de 100.000 a 50.000 euros anuales. Sin embargo, esas restricciones no se impusieron a las fundaciones de los partidos que, a día de hoy, siguen pudiendo recibir donaciones de empresas privadas, incluso de las que contratan con la Administración del Estado.

De Fundescam a Catdem

En los últimos años ha habido varios episodios de financiación ilegal de partidos protagonizados por fundaciones de las propias formaciones políticas. El primero que saltó a la luz fue el escándalo de Fundescam, la fundación del PP de Madrid. En 2009, se revela que el Partido Popular pagó irregularmente las campañas de Esperanza Aguirre para la presidencia de la Comunidad en 2003 (recuerden que las elecciones se repitieron ese año por el famoso Tamayazo). Todo se financió entre la red Gürtel por un lado y Fundescam por otro. El papel de Fundescam fue determinante como método opaco de captación de fondos y pago de facturas pero cuando la justicia llegó ya era tarde, el delito había prescrito.

No obstante, Esperanza Aguirre negaba con contundencia en mayo de aquel año 2009 que su partido se hubiera financiado ilegalmente. 

Pero el discurso de Aguirre se fue modulando con los años. En febrero de 2016, la Guardia Civil registró el despacho del exgerente del PP madrileño y apoderado de Fundescam, Beltrán Gutiérrez. Las miradas se volvieron hacia la presidenta del partido, que ya no negaba con la misma contundencia la financiación ilegal de su partido. Se limitaba a decir "que a mi me conste, no ha habido financiación ilegal".

Ese registro de 2016 al despacho del exgerente del PP madrileño y apoderado de Fundescam fue muy fructífero porque hace un par de semanas trascendió que se habían encontrado las pruebas de la supuesta contabilidad paralela del partido en Madrid desde el año 2004. El juez Eloy Velasco ha reabierto la causa por presunta financiación ilegal del PP madrileño a través de Fundescam, entre otras vías. Ahora a Esperanza Aguirre le parece bien que se investigue lo que sea menester.

También en Cataluña las fundaciones han sido presuntamente la vía para la financiación ilegal de la antigua Convergencia. El caso del 3% que investigan los tribunales ha reunido pruebas de donaciones a las fundaciones Catdem y Forum Barcelona, ambas vinculadas a Convergencia, por parte de constructoras y contratistas que recibían contratos públicos del Gobierno catalán.

Curiosamente las donaciones suponen habitualmente el 3% del monto global del contrato público que reciben. Pero ¿qué hacen con ese dinero las fundaciones de la antigua Convergencia? Pues pagan a la propia Convergencia por servicios supuestamente prestados sobre los que el Tribunal de Cuentas, en sus últimos informes, ha puesto la lupa de la sospecha. Esto es, el dinero que donan empresas privadas a fundaciones de Convergencia acaba en una gran parte en la caja del partido por servicios prestados a sus fundaciones cuya existencia real es más que dudosa, según el Tribunal.

La financiación del PP, en entredicho

Lo que también se está sustanciando todavía en los tribunales es la supuesta financiación ilegal del PP a escala nacional. El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata va a interrogar entre mañana y pasado al presunto cabecilla de la trama "Gürtel", Francisco Correa, y a dos empresarios que supuestamente pagaron mordidas al PP a cambio de la adjudicación de obras públicas.

De la Mata reabre así una causa sobre la presunta financiación ilegal del Partido Popular que se archivó hace dos años porque no se había conseguido probar nada. Sin embargo, la declaración de Correa en el juicio del caso "Gürtel" relatando cómo amañaba la adjudicación de obras públicas a empresarios y llevaba el dinero de las mordidas a la calle Génova provocó la actuación del juez.

Mucho se ha dicho desde que en 2009 estalló el presunto gran escándalo de financiación ilegal del PP, empezando por su entonces presidente y líder de la oposición, Mariano Rajoy, quien aseguró que "no es una trama del PP, es una trama contra el PP, que es una cosa muy distinta".

Rajoy, ya como presidente del Gobierno, volvió a insistir en esa tesis en agosto del año 2013 en una comparecencia en pleno mes de agosto en el Senado después de que trascendieran sus mensajes privados a Bárcenas con el ya famoso "Luis, se fuerte".

Sin embargo, aparte de lo que reveló Correa, el propio Bárcenas, hace dos meses, en el mismo juicio del caso "Gürtel" admitió abiertamente contabilidad B del PP aunque acuñó un nuevo término para definirla: "contabilidad extracontable".

Por cierto, la justicia también está acorralando al PP en Valencia por presunta financiación ilegal. Un juez está investigando las campañas de 2007, 2011 y 2015 de Rita Barberá a la alcaldía y los nueve empresarios acusados por la fiscalía de financiar ilegalmente al PP de Francisco Camps en las campañas de 2007 y 2008 han reconocido los hechos. Admiten que abonaron 1,2 millones de euros de forma irregular... dinero que terminaba sufragando actos del partido.

Así que, desde hace 30 años que se aprobó la ley de financiación de partidos, dicha norma se ha modificado tres veces. Nuestros partidos políticos deben, a fecha de 2013 que son los últimos datos disponibles, 205 millones de euros e ingresan un 50% menos en donativos.

Los más endeudados son el PSOE, con casi 65 millones de euros, el PP, con algo más de 40, el PNV con 21 millones y medio y Unió con 17. En 2007, cuando todavía seguía vigente en España la Ley de Financiación de Partidos Políticos aprobada 20 años antes, el Partido Popular declaró al Tribunal de Cuentas unos ingresos por donaciones de casi cinco millones de euros. Por cierto, el propio Tribunal de Cuentas decía en su informe: "En cuanto a los donativos anónimos que recibió el PP en 2007, dada su naturaleza no se ha podido comprobar el cumplimiento a nivel individual del límite legal establecido para las aportaciones privadas".

Sin embargo, después de que se prohibieran las donaciones anónimas, el PP pasó de los 5 millones de 2007 a sólo 400.000 euros en 2013. Los cambios en la Ley de Financiación de Partidos Políticos y las causas abiertas por corrupción han reducido en más de un 90% los ingresos del PP procedentes de particulares.

Tuvieron que pasar dos décadas para que se prohibieran las donaciones anónimas a los partidos políticos pero aún no se han suprimido las donaciones de empresas privadas a las fundaciones de los partidos, que sigue siendo el gran coladero para la financiación ilegal de las formaciones políticas.

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