El exministro Fernández Díaz comparece en el Congreso para explicar si hubo "policía patriótica"

Madrid

Primero va a comparer el exjefe de la Oficina Antifraude, Daniel de Alfonso, y después el exministro del Interior Jorge Fernandez Díaz. Cada uno tiene diez minutos para hacer una primera exposición y después vendrá el turno de las diferentes formaciones políticas. Cada grupo dispone de quince minutos para formular las preguntas que consideren oportunas y los dos tendrán que responder en ese momento como se hace en los interrogatorios judiciales. Después los comparecientes cierran con una intervención final de cinco minutos.

Fernández Díaz y De Alfonso tienen que explicar la conversación grabada en el despacho del Ministerio del Interior que emitió el diario Público en la que conspiraban para investigar a dirigerentes independentistas de Cataluña. Sobre la mesa además de las grabaciones está el informe que Fernández Díaz encargó a la Policía sobre la grabación realizada en su despacho y que luego fue esgrimido por la Fiscalía para archivar las diligencias. El informe no concluye quien fue el autor material de las grabaciones. En dos informes de caracter reservado incorporados a la documentación que se ha remitido al Congreso de los Diputados, la Policía concluye que se encuentra ante "la falta de evidencias científicas y la falta de indicios racionales suficientes para poder atribuir hasta el momento, a persona o personas determinadas la autoría tanto de las grabaciones como de su posterior filtración".

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha autorizado ayer lunes al exdirector de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso a comparecer ante la comisión de investigacioin del Congreso sobre el supuesto uso partidista del Ministerio del Interior en la etapa de Jorge Fernández Díazpara perseguir a independentistas. El presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, envió el pasado jueves una carta al Congreso para recordar que esa citación estaba sujeta al marco legal de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), según la cual no podía responder a cuestiones que afectan a su jurisdicción. La Cámara baja respondió que las citaciones para una comisión de investigación parlamentaria suponen "un mandato imperativo". De hecho, De Alfonso no es el primer magistrado que comparece en una comisión de investigación del Congreso, ya lo hizo Baltasar Garzón en la del 11-M.

Documentación solicitada

La comisión de investigación sobre la utilización de la policía con fines partidistas por parte del ministerio del Interior en la pasada legislatura intentará acreditar documentalmente si hubo órdenes a mandos del Cuerpo para perseguir a políticos catalanes que impulsan el proceso independentista. Entre las peticiones de información que han solicitado distintos grupos parlamentarios, desde el PSOE hasta Esquerra pasando por Podemos o el PdCAT se solicitan instrucciones, órdenes de servicio o cosas parecidas de las principales direcciones de la policía relacionadas con políticos catalanes. Con esta documentación, los partidos de la oposición pretenden demostrar cómo desde el ministerio del Interior se ordenó una persecución policial a altos dirigentes de los partidos gobernantes en Cataluña. Los hechos conocidos hasta ahora apuntan a la existencia de distintas operaciones encaminadas a desprestigiar a políticos catalanes filtrando informaciones recabadas por la policía sobre determinados dirigentes públicos, antes incluso de que lo ordenase un juez o fuesen judicializadas.

El PP intenta defenderse de esta delicada investigación solicitando en la comisión de investigación todo tipo de información relacionadas con informes sobre anomalías o corruptelas en determinados departamentos del Gobierno de la Generalitat de Cataluña, como el departamento de Salud o el Puerto de Barcelona. Esa petición de documentación no guarda relación con el objeto de la comisión de investigación creada en el Congreso de los Diputados. El resto de formaciones políticas intentarán dirimir si las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado recibieron instrucciones políticas para investigar a líderes independentistas catalanes. Hasta finales de este mes la comisión podrá solicitar más documentación y el día 18 decidirá el resto de personas que deberán comparecer.