Rajoy quiere tapar la corrupción vendiendo sus pactos con los nacionalistas

Madrid

"Al final le sale todo". Es la apreciación que hizo de Mariano Rajoy uno sus más estrechos colaboradores justo cuando los Presupuestos superaban su primer trámite en el Congreso. El Gobierno logró tumbar las siete enmiendas a la totalidad que se habían presentado gracias a los 175 votos del PP, Ciudadanos, PNV y Grupo Mixto. El acuerdo, de última hora, con los nacionalistas vascos fue determinante. Ahora, toca debatir las enmiendas parciales de los grupos parlamentarios y si el presidente quiere ver como sus cuentas prosperan, tendrá que sumar el apoyo del diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo. La prueba de fuego será a finales de mayo.

Aunque el Ejecutivo también tiene otro tema urgente por resolver: la reforma del sector de la estiba. Tras vivir una gran derrota en el Parlamento, el pasado 16 de marzo, ahora busca alcanzar el consenso para la convalidación del Real Decreto. Desde el Grupo Popular cuentan que se está hablando con todas las formaciones políticas. Aunque los ojos están puestos en el PDeCat. "Con ellos, las negociaciones están ya muy avanzadas", aseguran fuentes conservadoras convencidas de que el próximo viernes este asunto se abordará en el Consejo de Ministros y que "lo más probable" es que aterrice, de nuevo, en el Parlamento, la semana que viene.

Los conservadores creen que esta situación se puede desencallar, de una vez por todas, con la participación de los exconvergentes. Ya cuentan con el PNV y dan por hecho que en esta ocasión la formación de Albert Rivera no se abstendrá, como hizo la última vez. Por eso es clave el respaldo de los catalanes. Con sus ocho diputado se supera la mayoría. En el PP se muestran convencidos de que el PDeCat, tanto en esto como en el trámite de enmiendas a las cuentas generales del Estado, "tendrá una posición constructiva".

Y si es así, Rajoy podrá entonces presumir de su capacidad de diálogo. Exhibir su perfil más resolutivo, frente al que muestra en cuanto le hablan de corrupción. Él pretende tapar los escándalos, vendiendo que, a pesar de los socialistas, es capaz de conseguir que la legislatura siga su curso. Es su forma de contrarrestar la situación. El pasado viernes, el ministro portavoz, Iñigo Méndez de Vigo, ya incidió en esta idea, resaltando la importancia de "la cultura del pacto" cuando le preguntaban por Lezo.

En la Moncloa cruzan los dedos, a la espera de que se cumpla este plan con el que se apuntarían varios tantos. Ya no sólo por evitar las multas de la Unión Europea. También porque, de ese modo, contarían con un argumento que les valdría para demostrar a los independentistas que el referéndum no lo es todo, resaltando que con la salida de Francesc Homs (inhabilitado por el Supremo) se desatascan problemas.

Además, en el Gobierno, desean reivindicar la Operación Cataluña. Poder decir que esta, de algún modo, comienza a dar sus frutos. Así que confían en que se deje aparcado el soberanismo y se pongan por encima los intereses de los puertos de Barcelona y Tarragona que se ven afectados por todo lo que está ocurriendo. En el PDeCat admiten que ahora "ven que hay margen" para ello y están dispuestos "a arremangarse" por el bien de los ciudadanos. Como líneas rojas señalan "que el proceso de liberalización se haga muy bien y que se garantice la plena ocupación de los puertos".

En cualquier caso, por mucho que el jefe del Ejecutivo quiera dejar a un lado todo aquello que le incomoda, la realidad se impone. Esta semana se constituye la comisión de investigación sobre la supuesta financiacion ilegal del PP. Algo que, como ayer sostuvo Pablo Casado, su partido afronta "con absoluta normalidad" porque ellos no tienen "nada que esconder" y darán las "explicaciones necesarias". También mañana comparecerán el ministro de Justicia, Rafael Catalá, y el Fiscal General del Estado, José Manuel Maza. Los conservadores los respaldan. "El fiscal está haciendo una gran labor, independiente y rigurosa", defendió ayer el portavoz de los populares.