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Rodrigo Rato

El juez archiva la investigación a Rato por blanqueo de empresas privatizadas y arremete contra la Guardia Civil

El juez no ve delito de blanqueo, cohecho y malversación en la acusación contra Rato de beneficiarse de empresas que privatizó siendo ministro

La UCO acusaba a Rato de desviar 83 milllones de euros en campañas publicitarias a través de su entramado familiar. El juez tacha el informe de la UCO de denuncia "sin sustento"

El juez archiva la investigación a Rato por blanqueo de empresas privatizadas y arremete contra la Guardia Civil

El juez del 'caso Rato' archiva de forma provisional la investigación por supuesto blanqueo, cohecho y malversación de fondos públicos / VÍDEO ATLAS

En el auto, el juez Antonio Serrano-Artal se opone a continuar con la investigación de la pieza que investiga a Rodrigo Rato por delitos de blanqueo, cohecho y malversación de caudales públicos tras el atestado ampliatorio de la UCO que acusaba al exministro de haberse beneficiado con la privatización de grandes empresas públicas como Tabacalera o Repsol a través de la contratación de campañas publicitarias por valor de 83 millones de euros con Cor Comunicación, empresa controlada Rato, cuan era ministro (1996-2004).

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En el auto de archivo provisional, el juez enmienda prácticamente todos los argumentos de la Guardia Civil sobre el beneficio que obtuvo Rato utilizando su influencia como miembro del Gobierno para nombrar a los presidentes de las empresas privatizadas. En concreto, la UCO puso en el punto de mira la presidencia de Rodolfo Martín Villa en Endesa y la posterior facturación de 61 millones de euros con el Grupo Rato; 4 millones desde Repsol con Alfonso Cortina al frente; en el caso de Telefónica, bajo la presidencia de José Villalonga, Rato habría facturado 755.000 euros; 4,6 millones con Azucarera; 3,3 millones con Aldeasa o 4,1 millones con Altadis (Antigua Tabacalera). En total, 71,9 millones de euros de las privatizaciones con las entidades controladas por Rato, de las cuales 21,1 millones fueron desde Muinmo y Cor Comunicación al resto de su entramado familiar, según la UCO.

El juez señala la prescripción de los supuestos delitos ya que Rato abandonó el Gobierno en 2004 y por tanto "su capacidad de influencia" en los nombramientos. Además, "tampoco existen incidios de cohecho más allá de la sospecha" en unos delitos que "no termina de concretar el atestado", dice el juez. En muchos casos, los nombramientos estaban sujetos a una "aprobación colegiada, examinada y razonada tanto en las correspondientes empresas como en el Consejo de Ministros". Por tanto, dice el juez, no cabe hablar de supuesta influencia y tampoco de "notable participación a la que se refiere el Ministerio Público". Tomar esto incidio, tanto por la UCO como la Fiscalía, "una mera hipótesis sin sustento fáctico actual", según el auto al qeu ha tenido acceso la Cadena SER.

El juez tampoco ve ningún indicio "en la hipotética relación entre el nombramiento y el hecho de que, a posteriori, en algunas de las empresas privatizadas se contratase la publicidad con las empresas del Grupo Rato, relación causa efecto sobre la que no existe ni un solo indicio más allá de los expuestos en el atestado".

El juez también critica a la Fiscalía por acusar a Rato de un posible delito de malversación de caudales a través de Paradores de Turismo, presidida por su exmujer desde 2012, "ajeno a esta investigación por cuanto no guarda relación con la denuncia actual" y recrimina que con la mera lectura del tipo penal se puede "constatar la absoluta falta de indicios".

Por último, Serrano-Artal arremete contra el uso del condicional ("podría señalarse", "habría que preguntarse") en la redacción del informe y "queda sobradamente razonada la inexistencia de un delito de blanqueo basado en el cohecho". 

Ni blanqueo, ni fraude

Asímismo, el juez defiende que el delito fiscal no lleva, "ni mucho menos, aparejada per se la de un delito de blanqueo" y es la Administración tributaria quien debe tipificar esa acción penal "y no de este juzgado, que tiene encomendada la determinación como delito de unos hechos concretos, no la especulación y la búsqueda de indicios basados en sospechas de algo que pudo haber ocurrido hace mucho tiempo atrás, pero de lo que no se tiene una mayor certeza pues nada ha sido investigado desde entonces".

Los hechos probados, añade el juez, no indican "ningún segmento fáctico concreto" que permita imputar a Rato el delito de blanqueo. Según el juez, si ni siquiera se sabe qué cuotas habrán sido defraudadas, no se puede hablar de blanqueo. Y critica el hecho de que la Guardia Civil hable de blanqueo basado en el cohecho cuando "no deja de ser una mera conjetura no investigable por el transcurso del tiempo".

Por tanto, concluye que los hechos "estarían notablemente prescritos"  y no guardan ninguna relación con la denuncia inicial.

Piezas pendientes

El magistrado Antonio Serrano-Artal mantiene abiertas otras piezas sobre irregularidades en el origen del patrimonio y negocios del exministro de Economía y exgerente del FMI, Rodrigo Rato.


 
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