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Jueves, 05 de Diciembre de 2019

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Fernández Ordóñez defiende que no hubo ningún complot en la salida a bolsa

  • La defensa del exgobernador del Banco de España y otros cinco altos aseguran que la salida a bolsa se ajustó a la ley
  • En el escrito, arremeten contra el inspector Casaus que alertó en sus correos de la quiebra de Bankia y los peritos judiciales que avalaron la falsedad de las cuentas antes de la operación bursátil

Imagen del edificio donde están las oficinas de Bankia. /

En el escrito de respuesta al recurso de apelación presentado por la acusación popular que ejerce la Confederación Sindical de Crédito (CIC), al que ha tenido acceso la Cadena SER, contra el auto de Fernando Andreu que exculpaba a la cúpula de los organismos supervisores, la defensa de Miguel Ángel Fernández Ordóñez y otros cinco exaltos cargos aseguran que la operación de salida a bolsa se ajustó a la ley de forma "precisa y puntual".

En el escrito, el abogado Bernardo del Rosal arremete contra la acusación popular por "atribuir al BdeE un poder omnímodo y tratando de hacer 'piruetas' jurídicas para sostener la participación de la cúpula del supervisor hasta el punto de equipararlos a los auditores o los propios gestores". Ni MAFO ni su equipo directivo -alega- puede equipararse a las entidades que supervisa ya que "ni define las estrategias de la entidad, ni adopta decisiones, ni formula cuentas, ni recibe la misma información que un gestor, aunque tenga equipos de supervisión in situ". Es más, ni aprueban ni certifican las cuentas, continúa.

La defensa de MAFO critica que la acusación no haya individualizado "lo más mínimo su concreta participación" y pretenda que vayan a juicio "sin contar con elemento probatorio alguno". Para la defensa "Su tesis es que toda una cadena de supervisión bancaria actuó dolosamente en busca de un beneficio inexistente". Una idea que califica de "absurda" y "choca frontalmente" con los procedimientos de los supervisores.

El Banco de España, asegura, se limitó a ejercer sus competencias. Es más, "no habría sido legal" rechazar la solicitud de recapitalización y ampliación de capital del Grupo-BFA. Una decisión que califican de "idónea" ya que la normativa de 2011 incentivaba precisamente que las entidades bancarias saliesen a bolsa para captar capital. "Fue una norma con rango de ley, y no del Banco de España para las entidades que no contasen con un 20% de su capital o derechos de voto distribuido entre terceros. Una decisión adecuada que, en ningún caso, "representaba una autorización para salir a bolsa".

Los correos del inspector Casaus

El escrito mantiene que los correos del inspector José Antonio Casaus "no denuncian la falsedad de las cuentas de Bankia sino que expresan una opinión sobre la inviabilidad económica futura" y rechazan de plano "que conocieran la falsedad de las cuentas de Bankia y cooperaran en la comisión de los delitos de falseamiento”.

No aprueba, ni las certifica, continúa. Y ni en los informes de seguimiento del equipo inspector al tiempo de la salida a bolsa ni los correos de Casaus había "una sola referencia a la falsedad de las cuentas". Se trata de unos correos a los que se ha dado "un sentido y un contenido que no tienen" y se han convertido en una "luz deslumbrante y cegadora" que impide al CIC ver "ninguna otra cosa a su alrededor".

En esta línea, asegura, los correos de Casaus no se referían a la inviabilidad de Bankia, sino a la del Grupo-BFA; no es cierto que el grupo fuera inviable en el momento en que avisa a sus supervisores; y tampoco "puede encontrarse una sola referencia a la supuesta falsedad de las cuentas en los informes de seguimiento emitidos por el equipo inspector al tiempo de la salida a bolsa".

El escrito recoge la opinión de la Fiscalía, en su escrito del pasado noviembre de 2016. "Las palabras de Casaus son significativas. Una cosa era el futuro del grupo, que juzgaba incierto, y otra distinta la contabilidad, que compete al Consejo de Administración y a su auditor externo, no al Banco de España, y que no discute" recoge. Unos correos, concluyen, que contradecían los informes de seguimiento, chocaban con los análisis y revisiones realizadas por cuatro de los principales bancos de inversión del mundo y cuyos argumentos no estaban respaldados por los test de estrés.

Contra los peritos judiciales

Coincidiendo con los argumentos de Rodrigo Rato en su escrito de apelación al mismo recurso, los cuatro correos de Casaus, el expediente con cargo a reservas, el auto de la Sala (que pedía la imputación de la excúpula de los organismos supervisores) y el tercer informe de los peritos, no suponen ningún indicio probatorio contra la cúpula supervisora.

El escrito es muy crítico también con los peritos cedidos por el Banco de España, autores del tercer informe que defendía la falsedad de las cuentas de Bankia, ya que "se extralimitan en su función, yendo mucho más allá de la encomienda que, legalmente, tenían asignada". Además, "tales valoraciones se han hecho con expresiones que denotan una manifiesta pérdida de ecuanimidad e imparcialidad" y denuncian "inaceptables expresiones coloquiales".

Tampoco supone una prueba de carga el hecho de que la Sala de lo Penal instara al juez Fernando Andreu a imputar a la excúpula directiva de los organismos supervisores. En este sentido, "el instructor no tiene por qué explicar los motivos de su desacuerdo" respecto a ese auto de febrero de 2017 y son varias las resoluciones donde Andreu ha explicado "su convicción de por qué no debe imputar a los miembros del Banco de España para los que, ha sobreseído la causa".

'Piruetas' de la acusación

Finalmente el escrito acusa al CIC de atentar contra la lógica elemental al defender "que toda una cadena de responsables de la supervisión bancaria, sin ningún motivo o propósito definido, se confabulara con todo el consejo de administración de BFA-Bankia, para participar en un inmenso complot fraudulento. Y más aún cuando en el periodo de tiempo pasaron numerosos cargos con distintas responsabilidades. "Además de atentar contra toda lógica, ese supuesto complot habría resultado imposible teniendo en cuenta los procesos de supervisión y de toma de decisiones del Banco de España".

La acusación ejercida por el CIC a través del abogado Andrés Herzog recurrió el archivo de la causa en relación a la exculpación del exgobernador, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, la ex cúpula directiva del Banco de España y la CNMV así como otros dos consejeros de Bankia y la auditora Deloitte.

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