La Audiencia Nacional imputa por sedición a Josep Lluis Trapero, mayor de los Mossos
La magistrada Carmen Lamela cita este viernes a declarar como investigados a Josep Lluís Trapero, mayor de los Mossos; a Teresa Laplana, intendente; y a los presidentes de Òmnium Cultural, Jordi Cruixat; y ANC, Jordi Sánchez
Declararán por los altercados del 21 de septiembre en Barcelona, tras la detención de 14 cargos de la Generalitat y los 41 registros en consejerías y otras oficinas e instituciones para desmontar la organización del referéndum ilegal
Trapero declara este viernes en la Audiencia Nacional acusado de presunta sedición. / ATLAS
Madrid
La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela cita este viernes como imputados a Josep Lluís Trapero, mayor de los Mossos; a Teresa Laplana, intendente; y a los presidentes de Òmnium Cultural, Jordi Cruixat; y ANC, Jordi Sánchez por un delito de sedición, según fuentes de la Fiscalía del mismo órgano jurisdiccional.
"una barbaridad"
El presidente de la ANC, Jordi Sánchez, ha asegurado tras conocer la noticia que es "una barbaridad" que se le impute el delito de sedición.
Les cita a declarar como investigados por su supuesta vinculación con los hechos que tuvieron lugar los pasados 20 y 21 de septiembre, cuando un gran número de personas protestaron por las detenciones de 14 cargos de la Generalitat relacionados con la organización del referéndum suspendido por el Constitucional.
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La juez les cita después de recibir el atestado de la Guardia Civil, que destaca el papel de Cuixart y Sánchez en la organización del colectivo que impidió el normal desarrollo de la operación Anubis y los registros a los agentes y a la comisión judicial.
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FOTOGALERÍA | Uno de los tres coches de la Guardia Civil que los manifestantes destrozaron ante la Consellería de Hacienda. / QUIQUE GARCÍA (EFE)
Ese atestado también destacaba que Jordi Sánchez llegó a llamar por teléfono a Trapero mientras los agentes estaban sitiados para ofrecerse como mediador, y que la intendente de los Mossos, Teresa Laplana, no atendió las reiteradas llamadas de los guardias civiles para que les auxiliaran durante la operación, en la que los manifestantes llegaron a causar daños de consideración a los vehículos de la Guardia Civil.
El delito de sedición lleva aparejadas penas de hasta 15 años de cárcel si quien lo comete es una autoridad. En caso contrario, de 8 a 10 años de presidio.
