El Supremo suspende una semana las declaraciones de la Mesa del Parlament

Madrid

Las declaraciones como imputados de Carme Forcadell y el resto de miembros de la Mesa del Parlament de Catalunya se suspenden hasta la semana que viene: según han informado desde el Tribunal Supremo, el juez Pablo Llarena ha decidido estimar esta petición de los abogados, que han solicitado más tiempo para preparar las defensas con el visto bueno de la Fiscalía, por lo que quedan suspendidas hasta el jueves de la semana que viene. Además, el juez ha acordado imponerles como medida cautelar la obligación de facilitar un domicilio y un teléfono móvil para estar localizados.

Los seis han llegado poco antes de las nueve y media de la mañana, arropados por varios políticos y también increpados por unas pocas personas que han intentado llegar hasta ellos con gritos y banderas. "Vamos con la cabeza alta, hemos llevado al parlamento el debate que había en la sociedad catalana, eso es política y no es un crimen", ha dicho a la entrada uno de los imputados, Joan Josep Nuet. Salían del Tribunal Supremo antes de las doce de la mañana, aplaudidos por varias decenas de políticos.

La última en entrar era la presidenta de la Mesa, acompañada por su abogado. Tanto ella como el resto de imputados están acusados por la Fiscalía de delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos: según el Ministerio Público, todos han contribuido a "dinamitar los cimientos del Estado de derecho". 

En ciento dieciséis páginas de querella, la Fiscalía repasa los dos últimos años de actividad en el Parlament, poniendo el foco sobre cada una de las leyes tramitadas y aprobadas y también sobre cada una de las órdenes del Tribunal Constitucional desobedecidas. Forcadell, los miembros de la Mesa y el Govern "unieron sus voluntades para, dentro de su respectivo ámbito de actuación, llevar a cabo el referéndum independentista y con ello la separación de Cataluña de España, promoviendo y utilizando la fuerza intimidatoria y violenta de los sectores independentistas de la población".

LA MESA, IMPUTADA

<p>El Tribunal Supremo admitió a trámite la querella de la Fiscalía y el juez llamó a declarar inmediatamente a los seis acusados</p>

Les acusa, por tanto, de usar a la población como fuerza de choque para salirse con la suya. Ellos, dice la Fiscalía, "promovieron y mantuvieron la convocatoria de referéndum, haciendo caso omiso a las resoluciones judiciales y llamando a la población a la presencia masiva en los puntos de votación señalados". Entre otros aspectos concretos por los que tendrán que responder: la tramitación haciendo "tabla rasa" de la Ley de Transitoriedad, la de los presupuestos de la Generalitat con dinero público destinado al referéndum o la más reciente tramitación de la declaración de independencia, generalmente con los letrados del Parlament en contra.

Después de los interrogatorios, que están programados para los días 2 y 3 de noviembre, la Fiscalía podrá poner encima de la mesa las medidas cautelares que estime oportunas, que en caso de hacerlo pueden ir desde la retirada del pasaporte o la obligación de comparecer en el juzgado a directamente la prisión provisional. 

Apoyo de políticos

Ampliar

A las puertas del Supremo varias decenas de políticos han mostrado su apoyo a los imputados. Desde Esquerra Republicana (ERC), el diputado Joan Tardà se ha referido a la no comparecencia de Carles Puigdemont: "Aquí como en el juego de la oca vamos de anomalía en anomalía", ha dicho aludiendo también a la destitución del Govern, acompañado por su compañero de bancada Gabriel Rufián.

Desde En Comú Podem, el diputado Xavi Domenech ha asegurado que "este conflicto seguro que no se va a resolver judicialmente, y menos con políticas que parecen más de la venganza que de la justicia", y Alberto Garzón (Unidos Podemos) ha acusado a la querella de la Fiscalía de ser un "despropósito jurídico, incurre en falsedades evidentes, una querella improvisada que lo único que va a conseguir es agravar el problema".

¿Rebelión o sedición?

Tal y como ha sucedido en la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo también se ha visto obligado a abrir el melón de la rebelión para echar a andar este proceso judicial. 

En su querella, la Fiscalía explicaba que el delito de rebelión supera el de sedición por "la necesidad de proteger los cimientos del Estado de derecho", que en este caso "han sido dinamitados" por los seis querellados al actuar con "absoluto desprecio" a la Constitución. Reconoce el escrito que, según la redacción del artículo 472 del Código Penal, es necesario un "alzamiento público y violento", pero también que "no exige que se esgriman armas, ni combate, ni violencias graves contra las personas", sino que "es suficiente que con el alzamiento se haya producido un peligro objetivo". En este caso, declarar la independencia de Catalunya y "violar" la Constitución. 

La Fiscalía dedica varios párrafos a justificar la acusación por este delito aunque la rebelión instigada no haya tenido un carácter violento: "La concurrencia de violencia física puede no ser necesaria cuando el alzamiento por sus características y por el número indeterminado de personas implicadas, es de tal dimensión que tiene capacidad intimidatoria suficiente para disuadir de una posible actuación a las fuerzas del orden sabedoras de que cualquier oposición a los planes rebeldes, tornará el alzamiento en violento y belicoso", explica la querella, poniendo "desde luego" los disturbios del 1 de octubre como ejemplo. 

Ese delito de rebelión, dice la Fiscalía, absorbe la sedición, la prevaricación y la desobediencia, pero pide que, en caso de no ser ese el criterio del juez, sean al menos imputados por sedición, la "rebelión en pequeño, según frase decimonónica", dice la querella.

Peticiones por contestar

Además de tomar declaración a los seis imputados, el juez Pablo Llarena tiene otra misión: contestar a la decena de peticiones realizadas por la Fiscalía en su querella. Solicitaba, por ejemplo, que se aportase documentación: expedientes y documentos oficiales de todas las leyes y normas tramitadas en el Parlament en torno al procés, así como también toda la información relevante recabada por otros jueces que investigan el 1-O y sus consecuencias: la Audiencia Nacional, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya y el juzgado número 13 de Barcelona. 

¿REBELIÓN O SEDICIÓN?

<p>Diego López Garrido, redactor del delito de rebelión, afirma que no es aplicable al caso del 1-O</p>

Además, el Ministerio Público pedía acumular a esta la investigación desarrollada en el TSJ de Catalunya contra Forcadell y otros miembros de la Mesa precisamente por tramitar resoluciones a favor del referéndum. También pedía imponerles una fianza de 6.207.450 euros - el dinero público destinado a la convocatoria del 1-O y llamar a varios testigos: al letrado mayor y el secretario general del Parlament, a José María Espejo-Saavedra y a David Pérez (vicepresidente segundos de la Mesa).