La jueza Lamela rechaza la excarcelación de los exconsellers

Madrid

La titular del juzgado central de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, ha rechazado los recursos presentados por los nueve exmiembros del Govern a los que envió a prisión provisional incondicional la semana pasada después de que se negaran a contestar a las preguntas de la Fiscalía y la propia jueza. La magistrada considera que persisten los motivos por los que los mandó a prisión.

Tanto el riesgo de fuga, como demuestra la actitud de Puigdemont y el resto del cesado Govern que permanece en Bélgica, como la reiteración delictiva, porque al negar los efectos del artículo 155 y mantenerse como una especie de Gobierno en paralelo, pueden seguir pilotando desde esa posición la acción de las organizaciones ANC y Òmnium Cultural, "brazo civil" de las actuaciones "tumultuariuas e indiciariamente delictivas" para la sedición, según fuentes jurídicas.

Por otra parte, la juez ha paralizado los trámites para embargar la fianza de 6,2 millones de euros tanto a los 9 exconsellers encarcelados como a Puigdemont y los otros cinco exmiembros del Govern prófugos. Aunque el plazo se cumplió el martes, ha decidido concederles unos días más para que puedan pagar.

El caso de Santi Vila (Por Aitor Álvarez)

El exconseller de Empresa Santi Vila ha pedido que se retire la acusación contra él por rebelión al argumentar que medió ante Puigdemont para que no se votará la DUI a finales de octubre en el Parlament. Vila ha presentado dos recursos contra la querella de la Fiscalía y contra su acusación.

Vila ha decidido, por tanto, recurrir la orden de la jueza Carmen Lamela de enviarlo a prisión bajo fianza de 50.000 euros, al considerar que en su caso particular no puede haber responsabilidad penal por rebelión, porque, recuerda el texto del recurso , el exconsejero dimitió del cargo antes de que se declarara la independencia. Esto, dice el texto, significa "desistir voluntariamente de sus actuaciones". Además, recuerda que intentó, "por todos los medios posibles a su alcance" parar la declaración de independencia.

Además, para el abogado Pau Molins, que es quien defiende a Villa, es contradictorio asumir que hay riesgo de fuga y de destrucción de pruebas (argumento para decretar prisión provisional con fianza por él), a la vez que la jueza reconoce que hubo un desistimiento voluntario de no seguir con el proceso independentista.