Jueves, 03 de Diciembre de 2020

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Caso Púnica

Granados se siente agraviado porque Aguirre, Cifuentes y González no sean imputados por la financiación ilegal

El supuesto líder de la Púnica recurre el auto del juez de la Audiencia Nacional, que ha rechazado su pretensión de citar como investigados a los expresidentes de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre e Ignacio González, a la actual, Cristina Cifuentes, y a una veintena de cargos y exresponsables del PP y de la administración. Granados se pregunta por qué se le imputan responsabilidades en las elecciones bajo sospecha “por ser secretario de campaña” si para “los otros” que han “ostentado la misma carga, esto no vale"

Francisco Granados conversa con Ignacio González durante un pleno celebrado en la Asamblea de Madrid en 2009

Francisco Granados conversa con Ignacio González durante un pleno celebrado en la Asamblea de Madrid en 2009 / EFE

El juez García Castellón ha rechazado la declaración como investigados en la Púnica de Esperanza Aguirre, Cristina Cifuentes, Ignacio González, Borja Sarasola, González Taboada, Lucía Figar y otra veintena de cargos, excargos del PP y de la administración autonómica o local.

Francisco Granados ha recurrido la decisión y pregunta al juez en un escrito de 41 páginas por qué debe asumir solo él las supuestas irregularidades de la financiación irregular del PP en campaña, si todos los que quiso citar también ocuparon altos cargos de responsabilidad en aquellas elecciones bajo sospecha. Se trata de los comicios autonómicos de 2007 y 2011, y las generales de 2008.

El letrado del supuesto líder de la Púnica pregunta al juez “¿Por qué a mi representado se le pretenden imputar responsabilidades por ser secretario de campaña, y para los otros, que han ostentado la misma carga, esto no vale?

Y en este sentido recalca que si bien él fue secretario general, Aguirre era la presidenta; Cifuentes responsable de movilización electoral del PP en Madrid; o González presidente del comité electoral en el periodo bajo sospecha.

Granados cree vulnerados sus derechos por no atender su solicitud, y pide al juez que enmiende su decisión.

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