Política
Independentismo

El Gobierno y la Fiscalía estudian actuar contra la Mesa del Parlament

La Fiscalía General del Estado considera que la admisión a trámite de las enmiendas de la CUP es de una "ilegalidad manifiesta". El Gobierno anuncia también que los servicios jurídicos del Estado analizan las responsabilidades en las que pudieran incurrir los miembros de la Mesa

El president del Parlament, Roger Torrent, habla con el secretario general, Xavier Muro / Rafa Garrido (ACN)

La Fiscalía General del Estado advierte a los miembros de la mesa del Parlament que iniciará acciones penales por tramitar la reiteración de independencia. En un comunicado difundido a última hora de hoy, el fiscal Julián Sánchez Melgar asegura que el hecho de que la Mesa del Parlament haya admitido a trámite una enmienda para que en el pleno de ese jueves "se reafirme y reitere la declaración de independencia" supone un conductas cuya ilegalidad es manifiesta y no puede ser desconocida por quienes la promueven o apoyan”.

En este sentido, el FGE anuncia que "dada la extrema gravedad de tal iniciativa y su total y absoluta oposición al ordenamiento jurídico y a las resoluciones reiteradas del Tribunal Constitucional, se están estudiando las posibles implicaciones penales". La Fiscalía, añade el comunicado, "seguirá́ promoviendo cuantas acciones sean procedentes para preservar el orden constitucional y para perseguir las conductas delictivas en que pudiera incurrirse.

También el Gobierno lanza una clara advertencia a los miembros de la Mesa del Parlament de Cataluña. Fuentes de la Moncloa avanzan que los servicios jurídicos del Estado ya están estudiando las responsabilidades en las que incurrirían los miembros de la Mesa del Parlament si finalmente mantienen la admisión a trámite las enmiendas de la CUP.

El Gobierno central considera que esas enmiendas tienen un "carácter ilegal, contrario tanto a la Constitución como al Estatuto de Cataluña".

Desde el Ejecutivo repiten que van a "velar por el cumplimiento de la ley" y que su manera de actuar seguirá siendo la misma que hasta ahora: si hay algo que se considere ilegal se recurrirá. Hay tiempo suficiente, además, para que el consejo de ministros del viernes apruebe, si se considera oportuno, interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional.

Fuentes del Ejecutivo vuelven a recordar que mientras la situación continúe como está, sin gobierno legal en Cataluña, sigue en vigor el artículo 155 de la Constitución y, por tanto, sigue gobernando allí Mariano Rajoy. El equipo de la Moncloa promete seguir "ejerciendo con la mayor eficacia posible la administración de los asuntos ordinarios" de esa comunidad autónoma "en tanto en cuanto no haya un Presidente elegido de acuerdo con la ley y el reglamento del Parlamento.

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