Los bancos reclaman los 1.350 millones con que financiaron la compensación del Castor

Madrid

Banco Santander, CaixaBank y Bankia reclaman al Estado los 1.350 millones de euros con que financiaron la compensación económica a la concesionaria del almacén submarino de gas CASTOR tras la decisión de hibernarlo para evitar el riesgo sísmico que se vinculó a la preparación para su puesta en funcionamiento.

La entidad cántabra asumió más de la mitad de la financiación, con 700 millones de euros, Caixabank aportó 450 y Bankia los restantes 200 millones.

La concesionaria del almacén de gas, Escal UGS -liderada por ACS-, cobró ya los 1.350 millones de euros, y los bancos estaban recuperando el dinero, con intereses, a través de los pagos de la CNMC, que los financiaba a su vez a través de un sobrecoste en el recibo a los usuarios del sistema gasista.

Pero, en diciembre, el Tribunal Constitucional anuló la decisión por la que se hibernó el almacén de gas, fundamentalmente porque consideró inadecuado recurrir para ello a un Real decreto. El Ministerio de Energía apuntó en un primer momento que la decisión del Constitucional era formal, no de fondo, en lo que parecía dar a entender que subsanando la cuestión formal podría mantenerse el fondo de la decisión.

Litigiosidad

Pero el pasado 31 de enero, en el Congreso de los Diputados, el ministro Álvaro Nadal apuntó que el gobierno no iba a impulsar ninguna medida para que los bancos pudiesen seguir cobrando.

Vaticinando que eso iba a generar una gran litigiosidad: "lo previsible es que vaya a haber una enorme litigiosidad entre privados y entre privados y operadores públicos. Ya veremos en última instancia si hay una modificación del estatus jurídico de esta cuestión. En este momento lo que hay es el cumplimiento de la propia sentencia del Tribunal Constitucional". Es decir, la suspensión de los pagos vinculados a un decreto declarado inconstitucional.

"Responsabilidad del Estado"

Ahora, los tres bancos formulan una "reclamación de responsabilidad del Estado legislador" en la que piden que se les devuelva la cantidad de esos 1.350 millones que aun no han recuperado -la mayor parte- más los daños causados.

Desde su punto de vista, apuntan fuentes jurídicas, la inconstitucionalidad del decreto por el que se compensó a la concesionaria no debe ocasionar ninguna pérdida a las entidades que han aportado la financiación para que la concesionaria pudiese cobrar ya todo el dinero. De lo contrario, señalan, la administración se estaría beneficiando de esa inconstitucionalidad a costa de esos bancos.

Las tres entidades ofrecen al gobierno un acuerdo para una devolución gradual del dinero, incluso con el mismo sistema de financiación establecido en el decreto anulado por el Tribunal Constitucional.