Un campo de minas judicial para el PP

Madrid

Los dos próximos cursos se presentan como un auténtico campo de minas judiciales para el Partido Popular con sentencias, juicios e investigaciones en torno a su financiación supuestamente irregular, amaño de contratos y gestión frauduenta del dinero público en administraciones regionales y locales controladas por la formación conservadora. Investigaciones judiciales complementadas por comisiones parlamentarias que sirven, además, de ring de boxeo en el que exlíderes 'populares' se acusan unos a otros de haber llevado las riendas de una financiación cada vez más cerca de ser considerada ilegal por parte de los hechos probados de una sentencia.

La sentencia de Gürtel

La sentencia en torno a la primera etapa de la trama corrupta Gürtel, conocida como 'Época I', está a punto de salir del horno, y según informaba Miguel Ángel Campos la condena para el Partido Popular en calidad de partícipe a título lucrativo parece segura, discrepancia incluida entre los magistrados del tribunal. Un juicio que sentó como testigo al propio Mariano Rajoy y del que resultará una sentencia que convierta en hecho probado cómo se financió el PP durante años: según la Fiscalía, lo hizo a golpe de contrato amañado y empresarios benévolos con sus campañas electorales. "Génova era mi casa", dijo Francisco Correa, líder confeso de la trama, en el juicio.

La Gürtel valenciana

Esta semana la Audiencia Nacional también encara la recta final de un segundo juicio de la trama Gürtel: la rama valenciana, en la que Ricardo Costa ha admitido sin matices que el Partido Popular se financió "en negro" bajo el mandato de Francisco Camps, trasiego de sobres mediante. La Fiscalía pide condenas de hasta ocho años de cárcel por considerar que la formación conservadora financió su filial valenciana de forma ilegal: una decena de empresarios han reconocido que aportaron más de un millón de euros para las campañas del PP valenciano.  

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Las 'otras' Gürtel

La trama Gürtel es una hidra de muchas cabezas, y las piezas que ya han llegado a juicio son sólo una parte: la Audiencia Nacional todavía está pendiente de llevar ante un tribunal de tres magistrados la rama de Boadilla del Monte y la de Arganda del Rey, entre otras. Con la primera pendiente de juicio y la segunda en instrucción, los investigadores consideran acreditados que ambos municipios madrileños vieron cómo el PP se financiaba ilegalmente: la trama de Arganda del Rey forzó la dimisión de la diputada regional del partido María Josefa Aguado. El Tribunal Supremo también está a la espera de dictar sentencia firme sobre la rama 'Fitur' de la trama, acusada aquí también de "saquear las arcas públicas" por la Fiscalía.

La Púnica sigue estallando

La operación Púnica estallaba el 27 de octubre de 2014 y casi cuatro años después sus más de quince piezas se han llevado por delante a una decena de alcaldes y exalcaldes 'populares' de diversas localidades madrileñas, decenas de cargos y excargos públicos, a un diputado regional y cada mes arroja nuevas novedades que detallan cómo la corrupción mutó del ladrillo a la eficiencia energética haciendo escala en ARPEGIO y la imagen de los políticos en las redes sociales e internet. Sólo el chivatazo de la Púnica se ha traducido por ahora en una condena, con los investigadores acreditando una 'caja B' de cinco millones de euros para las elecciones que ganó Esperanza Aguirre en 2007 2011. La instrucción sigue adelante en la Audiencia Nacional, ahora en las manos del juez Manuel García Castellón.

Lezo: trituradora de presidentes

La operación bautizada tras el almirante Blas de Lezo se ha cobrado por ahora la imputación de dos expresidentes de la Comunidad de Madrid: Ignacio González - que pasó más de medio año en prisión - y ahora también Alberto Ruiz-Gallardón, pasando por la dimisión de Esperanza Aguirre. Una investigación que abarca desde los negocios del Canal de Isabel II al otro lado del océano hasta el campo de golf del centro de Madrid, ahora en proceso de desmantelamiento. Lezo y Púnica están sirviendo, además, de campo de tenis donde los exdirigentes de la formación conservadora en Madrid se lanzan la financiación del partido a la cabeza los unos a los otros.

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Terremoto en Murcia

La trama Púnica extendió sus tentáculos hasta Murcia y el Partido Popular, por el momento, lo ha pagado con un presidente regional y una senadora. El expresidente Pedro Antonio Sánchez ha sido procesado por, supuestamente y según la Fiscalía, usar dinero público para lavar su imagen política usando al empresario Alejandro de Pedro, amén de más procesos abiertos por su gestión como alcalde de Puerto Lumbreras como el caso Pasarelas. La magistrada Ana Ferrer, del Tribunal Supremo, sigue además adelante con la investigación abierta contra la senadora y exalcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, acusada de lo mismo.

Los ordenadores de Bárcenas

La Justicia madrileña también tiene previsto celebrar próximamente el juicio por la destrucción de los ordenadores de Luis Bárcenas, extesorero popular, con el PP convirtiéndose en el primer partido político de la democracia española en sentarse en un banquillo como acusado. Treinta y cinco pasadas por la picadora para, según el propio Bárcenas, deshacerse del rastro de la 'caja B' de la formación: la Fiscalía ha pedido aplicar la 'doctrina Botín' y absolver al PP y todos los acusados.

La 'caja B' del PP

La publicación de los 'papeles de Bárcenas' por parte del diario El País cimentó una investigación reabierta recientemente por la Audiencia Nacional tras la confesión de Francisco Correa en el juicio de 'Época I'. Una investigación que traza líneas rectas entre las entradas y salidas de dinero de la contabilidad opaca del partido, los contratos adjudicados a empresas por administraciones gobernadas por el PP y los pagos en dinero opaco a miembros de su partido. Tal y como reveló la Cadena SER, el empresario Rafael Palencia (Degremont) explicó con todo lujo de detalles al juez José de la Mata cómo "yo ayudo al partido para que el partido me ayude". El caso sigue en instrucción.

Doblete en Valencia

La Justicia valenciana ha abierto el melón del PP de Valencia y eso se ha traducido, por ahora, en dos investigaciones: Taula y Fórmula 1. La primera investiga la financiación de la formación conservadora en València, con blanqueo de capitales de por medio, y la segunda la construcción del circuito de Fórmula 1 en la ciudad: una causa en la que ha sido imputado el expresidente Francisco Camps. Las dos están en proceso de instrucción.