El juez rechaza "de momento" juzgar a Rato por corrupción por cobrar 835.000 euros en contratos publicitarios de Bankia

Madrid

El juez Antonio Serrano-Artal considera que no es el momento procesal para juzgar a Rodrigo Rato por el desvío de comisiones a través de contratos publicitarios con Bankia. En un auto, asegura que estos negocios podrían estar relacionados con otros incluidos en las distintas piezas de la instrucción que investiga el origen del patrimonio del expresidente de Bankia. La decisión llega después de que el ministerio público haya pedido procesar a Rato y otras 15 personas por un delito de corrupción en los negocios entre particulares por los que cobró de 835.000 euros en comisiones.

En el escrito de la Fiscalía Anticorrupción, da por concluida la pieza separada en la investigación de los negocios y patrimonio de Rodrigo Rato que afecta a los contratos publicitarios firmados desde Bankia durante sus años de presidencia al frente de la entidad, entre 2010 y 2012. En el escrito, remitido al Juzgado de Instrucción Número 31 de Madrid, la fiscal Elena Lorente, solicita al juez Antonio Serrano-Artal continuar con el trámite de procedimiento abreviado -paso previo a la apertura de juicio oral-.

Para el Ministerio Público está acreditado que el exvicepresidente del Gobierno y exgerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) se lucró con los contratos publicitarios adjudicados desde Bankia a las empresas publicitarias Zenith Media y Publicis Comunicación España, ambas pertenecientes al grupo empresarial Multi Market Services Spain Holdings. En total, cobró 835.024 euros en "comisiones carentes de justificación" mediante una estructura de empresas opacas y testaferros. Y en detalle, las comisiones a Kradonara fueron 474.416 euros en 2011 y 360.608 euros en 2012.

Recorrido de las comisiones

En el escrito, la fiscal detalla el diseño de Rodrigo Rato para que las comisiones acabaran en su empresa Kradonara SL. Una triangulación para la que utilizó a sus socios y colaboradores íntimos. Según los documentos e informes de la UCO a los que hace referencia el escrito de la Fiscalía, las agencias publicitarias abonaron las comisiones a la empresa de Alberto Potuondo (Albisa Inversiones y Asesoramiento), miembro del equipo de Rato a su llegada a Caja Madrid en enero de 2010 y que participó activamente "en el proceso de selección de aquellas sociedades en los "concursos" de publicidad que Caja Madrid-Bankia llevó a cabo para la difusión de la marca Bankia y de la salida a bolsa de la entidad, y del que, finalmente fueron adjudicatarias las empresas Publicis y Zenith". 

A su vez, Portuondo tenía negocios desde 2008 con Miguel Ángel Montero, administrador de numerosas empresas de Rodrigo Rato desde hacía décadas y al que colocaron en Bankia en calidad de asesor externo de Caja Madrid desde el año 2010, coincidiendo con la entrada de Rato al frente de la entidad.

Además de sus dos socios, Rato utilizó a su secretaria Teresa Arellano "a la que dio altas funciones ejecutivas dentro de la entidad financiera" y a su amigo y hombre de confianza José Manuel fernández Norniella, a quién nombró vicepresidente y consejero de Bankia.

Por esta pieza separada de la instrucción que investiga sus negocios y patrimonio Rato puede enfrentarse hasta cuatro de prisión y una multa que triplica la cantidad defraudada.

"Control absoluto"

 Para cerrar el círculo de empresas, colaboradores y testaferros, la Fiscalía asegura que Rato impuso un control total de todo lo relacionado con la publicidad y la comunicación en Caja Madrid-Bankia. "Se colocaron en su círculo, otras personas traídas por Fernández Norniella y Portuondo, como es el caso de Migue Robledo Gómez, responsable de comunicación externa en Caja Madrid-Bankia y Beatriz Colomer, colaboradora y mano derecha de Portuondo con funciones en el área de comunicación y marca".

Según la Fiscalía, "todos ellos constituyeron un auténtico grupo de presión dentro de la entidad financiera, actuando como 'núcleo duro' a las órdenes y en beneficio último de Rodrigo Rato".

En total, Antocorrupción, en su escrito del pasado 5 de junio, pide que se procese a 16 personas entre empresarios y altos cargos de Bankia y dos mercantiles.

Rato exige que se practiquen pruebas “vitales”

Fuentes próximas al expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, sostienen que el escrito de la Fiscalía Anticorrupción es prematuro porque “todavía quedan pruebas vitales para la instrucción que la propia Audiencia Provincial ordeno al magistrado que se practicaran y no se han hecho”.

Entre estas diligencias, Rato considera prioritario que Bankia certifique si los contratos con las empresas Zenith Media y Publicis Comunicacion España se realizaron con arreglo a la ley y si los concursos fueron sometidas a los procedimientos de control.

Bankia, según el entorno de Rodrigo Rato, ya ha reconocido que el concurso con Zenith se falló en base a una valoración legal. Sin embargo, la entidad dice que no tiene constancia del contrato con Publicis. En este sentido, Rato ha presentado este documento en papel y ha solicitado a Bankia que lo busque en sus archivos.

Para el expresidente, “los concursos fueron sometidos a procedimientos de control legales lo que evidencia que no hay delito porque no hay perjuicio para la entidad”. Por otra parte, el entorno de Rato, precisa que “no tendría inconveniente en que esta pieza de la investigación fuera separada de la parte principal”, aunque el juez se opone por ahora.

15 meses sin citación

Al margen de estas piezas separadas, el juez Serrano-Artal tiene pendiente citar a declarar a Rato, tal y como instó la Audiencia Provincial de Madrid, por el presunto blanqueo recogido en el informe de la UCO, fechado el pasado marzo de 2017.  Un mes mas tarde, la fiscal del caso, Elena Lorente, pidió al juez instructor que citara al expresidente de Bankia en calidad de imputado por estos hechos.