La izquierda pide al Gobierno que vaya más allá de exhumar a Franco y el PP se debate entre el "no y la abstención"

Madrid

El traslado de los restos de Franco volverá a obligar a todos los grupos a retratarse en el Congreso para convalidar el decreto ley anunciado por el Gobierno. Salvo sorpresa inesperada, la correlación de fuerzas hace prácticamente segura la aprobación de una medida a la que la Cámara Baja ya dio luz verde el año pasado mediante una proposición no de ley que salió adelante sin votos en contra y con la única abstención de PP y ERC.

Ahora, los populares no han desvelado aún el sentido de su voto pero se debaten entre el "no y la abstención", según han confirmado a la SER fuentes del partido, a la espera eso sí, de estudiar a fondo el decreto del Gobierno. Hace un año, al tratarse de una iniciativa sin rango legal y por tanto no vinculante, el Gobierno de Rajoy hizo caso omiso del mandato parlamentario. Ahora, sin embargo, la decisión del Ejecutivo del PSOE pretende blindar por ley esa exhumación mediante su aprobación en Consejo de Ministros y convalidación en el Congreso.

El debate, sin embargo, ofrecerá margen para los matices y las reivindicaciones. Desde la izquierda, los socios que apoyaron a Sánchez en la moción de censura piden al Ejecutivo que no se limite a un gesto de gran carga simbólica y que consideran imprescindible pero que no debe ser el único. "No se trata sólo de exhumar a Franco sino de enterrar el franquismo, y para eso es necesario abordar una reforma en profundidad de la ley de Memoria Histórica que permita garantizar la verdad, la justicia y la reparación, permitiendo por ejempo la persecución de los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura franquista, o la exhumación de las decenas de miles de víctimas que permanecen en fosas y cunetas", señala a la SER la responsable de Memoria Histórica de Izquierda Unida, Esther López Barceló.

"Eso es lo que queremos a partir de septiembre, hablar y negociar un marco más amplio con el Gobierno, bien a través de un proyecto de ley o bien a través de nuestra propia proposición de ley que hemos registrado en la Cámara para su debate en el próximo periodo de sesiones".

ERC por su parte condiciona su apoyo en la votación a que el PSOE asuma "un compromiso claro y contundente" a la hora de declarar anular todas las sentencias del franquismo, entre ellas la que condenó a muerte al presidente de la Generalitat Lluís Companys, fusilado el 15 de octubre de 1940. "Nosotros siempre hemos dicho lo mismo y somos coherentes con lo dicho. Llevamos años pidiendo que se saque a Franco del Valle de los Caídos, cosa que el PSOE no hizo cuando gobernó con anterioridad, y también que se repare a las víctimas del franquismo. Si el Gobierno se compromete a ello votaremos a favor en el Congreso, si no, no lo haremos", ha señalado Joan Tardá a la Cadena SER adelantando así una nueva abstención en la Cámara Baja si la reforma de la ley se limita al traslado de los restos de Franco.

Por su parte el PP sigue sin desvelar el sentido final de su voto en el Congreso, aunque fuentes populares descartan de antemano el apoyo a la misma y apuntan que ahora mismo se debaten entre votar en contra o abstenerse.  Su portavoz en el Senado, Ignacio Cosidó, ha señalado este martes en una entrevista en Europa Press que "estudiarán en detalle el decreto ley del Gobierno para comprobar que se ajusta a la legalidad", y ha acusado al Ejecutivo de intentar cambiar leyes por la puerta de atrás para lograr réditos "reabriendo heridas".

Fuentes del Gobierno y de PSOE señalan la intención de promover una futura reforma de la ley de Memoria Histórica si bien no está decidido aún el formato, alcance y calendario para la misma. Esas mismas fuentes señalan como punto de partida la proposición de ley que el grupo socialista registró en el Congreso el pasado mes de diciembre y que fue vetada por el entonces Gobierno del PP, al esgrimir que suponía un incremento presupuestario de 213 millones de euros.

Aquella iniciativa incluía, entre otros aspectos, un plan de exhumaciones, la nulidad de las sentencias del franquismo, sanciones a aquellas administraciones que no retiren simbología franquista de los espacios públicos, un banco de ADN para facilitar las identificaciones o una Comisión de la Verdad, integrada por expertos, para investigar los crímenes del franquismo y elaborar un informe oficial sobre lo acontecido en España entre 1936 y 1975. Fuentes del PSOE señalan la posibilidad de que ese contenido, con algunos cambios, pase a formar parte de un proyecto de ley del Ejecutivo para su tramitación en esta legislatura.