La juez del máster de Cifuentes cree que el Supremo se ha cargado el caso al "elevar el nivel para poder investigar"

Madrid

La decisión de archivo del Tribunal Supremo ya ha influido de forma determinante en el procedimiento que tiene abierto el juzgado número 51 contra otras 19 personas. La juez ha dictado el sobreseimiento del caso máster en cuanto a los delitos de prevaricación y cohecho impropio pero seguirá investigando si hubo falsificación documental en el caso del Trabajo de Fin de Máster (TFM) de la expresidenta de la Comunidad Cristina Cifuentes . Para la juez, el archivo del Alto Tribunal de no abrir causa por los estudios del presidente del PP, Pablo Casado (pieza C del caso), son "determinantes para el resto de las decisiones que deben adoptarse en este procedimiento".

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La juez reprocha a la Fiscalía del Tribunal Supremo que a raíz de su informe, contrario a investigar a Pablo Casado, sea cada vez más difícil abrir una instrucción ante la exigencia de que haya "indicios incontestables de la existencia de responsabilidad penal".

Las consecuencias del informe del teniente fiscal del Supremo, Luis Navajas, según la juez, obligan al archivo de la parte esencial de este caso, sobre todo cuando, "la exigencia de indicio incontestable de responsabilidad penal parece más propio de una sentencia condenatoria" y no de "la mera apertura de una investigación", como señala el fiscal en su informe.

La jueza de instrucción lamenta con ironía que "aplicar este nuevo parámetro conllevará, sin duda, una notable reducción de la carga de trabajo ordinaria que pesa sobre los juzgados de instrucción". "Resulta imprescindible puntualizar que, al modesto entender de esta instructora, se está elevando notablemente las exigencias habituales de la jurisprudencia para abrir una instrucción penal y citar a cualquier persona a declarar como investigado".

Los "indicios consistentes", de los que habla el fiscal, "no suelen aparecer en el momento de abrir una investigación" salvo en casos puntuales, sino que es a lo largo de la misma donde se van obteniendo". Por este motivo, la juez contesta al fiscal, "difícilmente un indicio puede calificarse de incontestable" porque en la fase de instrucción el investigado puede "contestar a los indicios que se aprecien frente a él" mediante su declaración judicial, algo que, tal y como recuerda varias veces la magistrada, no ha ocurrido en el caso de Casado, a quien el Supremo rechazó investigar.

Sin embargo, destaca que del auto del Tribunal Supremo "se concluye como primer diligencia que no es relevante acreditar el mérito académico" y que, por eso, se descarta tomar declaración a Pablo Casado. "Se concluye, por el contrario, que es necesario acreditar la existencia de un concierto previo o coetáneo para prevaricar y sólo cuando tal concierto se evidencia, investigar si efectivamente el alumno participó y cooperó en la prevaricación". 

Entiende la jueza que esta doctrina debe aplicarse no sólo a Casado sino al resto del alumnado que ostentaba la condición de investigado: la expresidenta de la Comunidad Cristina Cifuentes y otro compañero suyo del máster, Álvaro Morente; y Alida Mas Taberner, exalto cargo de la Generalitat valenciana; María Mateo Feito, hija de la exasesora regional y Dolores Cancio Álvarez, relacionada con la URJC --estas tres de la promoción de Casado--.

En cuanto a si hay concierto prevaricador de los alumnos, la jueza vuelve al fallo del Supremo para señalar que, según este, no hay "indicios consistentes" de que nos encontremos ante "un regalo concertado entre alumno y profesor el hecho de que se permitiera al alumnado no asistir a clase a pesar de ser un máster presencial". "Esto puede ser como apunta en el auto, un mero trato de favor", añade.

Y es que la jueza explica que tras tomar declaración a varios de los investigados, se desprendió información significativa para acreditar indiciariamente el concierto previo entre el profesor y alumno para que el máster le fuera regalado, una cuestión que "rectifica" a la luz de la resolución del Supremo.

Los alumnos confiesan

Dolores Cancio, una de las investigadas, reconoció que por indicación de Álvarez Conde "no fue a clase ni hizo trabajo alguno" pero obtuvo el título. La juez explica que esta confesión no la tuvo en cuenta el Supremo y que, por tanto, no debe considerarse "indicio alguno de una mecánica de comisión delictiva llevada a cabo entre algunos alumnos, en los que concurrían unas mismas características, y el profesorado--. Esto lo aplica a todos los alumnos en las mismas circunstancias.

Rodríguez-Medel archiva gran parte del caso, a excepción del delito de falsedad documental que imputa a la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes, a quien seguirá investigando y junto a ella, el exdirector del Instituto de Derecho Público de la URJC Enrique Álvarez Conde, dos profesoras de Cifuentes y la ex asesora de la Comunidad de Madrid María Teresa Feito.