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Domingo, 25 de Agosto de 2019

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La Abogacía del Estado no acusará de rebelión a los líderes del procés

  • Después de pedir abrir juicio oral por rebelión, la Abogacía acusará de sedición a los procesados
  • La Fiscalía mantendrá su criterio de acusar por rebelión, que acarrea condenas el doble de graves

Pancarta a favor del referéndum frente al Tribunal Supremo /

El Gobierno a través de la Abogacía del Estado acusará a los líderes del procés por un delito de sedición y, a diferencia de la Fiscalía, evitará una acusación por rebelión. La diferencia en cuanto a las penas que corresponden a cada delito es importante porque donde termina el máximo de sedición 15 años comienza el mínimo de la pena por rebelión que puede llegar hasta los 25 años. El escrito del abogado del Estado coincide con lo expresado por el presidente Pedro Sánchez y el "gesto político" que reclamaba la Generalitat.

Un año después de la primera entrada en prisión de los políticos independentistas, el procés unilateral se traduce en peticiones concretas de prisión e inhabilitación. Este viernes, Fiscalía y Abogacía del Estado hacen públicos sus escritos provisionales de acusación para despejar dos de las principales incógnitas de la causa: cuánta condena pedirán y por qué delitos, tanto en el Tribunal Supremo como en la Audiencia Nacional.

Fuentes del Gobierno confirman a la Cadena SER que habrá una diferencia sustancial entre ambas acusaciones: la Abogacía del Estado centrará su acusación en la malversación de caudales públicos pero optará por combinarla con la sedición y no con la rebelión como sí hará la Fiscalía. La Abogacía se personó poco después de arrancar el proceso en nombre del Ministerio de Hacienda para perseguir el posible uso de fondos públicos por parte de la Generalitat de Catalunya para organizar el referéndum ilegal del 1 de octubre.

La actuación de la Abogacía del Estado suele pasar desapercibido en comparación con la Fiscalía pero es un movimiento, surgido de las tensiones entre el Ministerio de Justicia y la Abogacía, que adquiere dimensión política: los partidos independentistas esperaban un gesto del ejecutivo de Pedro Sánchez a través de la Abogacía del Estado para poder justificar un posible apoyo a los Presupuestos Generales. Fuentes de Moncloa aseguran que el Gobierno no se pronunciará sobre la posición de la Abogacía del Estado hasta la comunicación formal del escrito.

La representación de Hacienda no ha tenido una intervención determinante en este proceso, pidiendo en marzo por ejemplo que los procesados por rebelión volviesen a prisión provisional. Hay que remontarse al seis de agosto para encontrar alguna referencia a la posible acusación por rebelión: la Abogada del Estado, Lucía Pedreño, solicitó que se abriese juicio oral por rebelión, desobediencia y malversación. En su escrito de calificación  los acusará finalmente de sedición y malversación con sólo nueve de los dieciocho acusados imputados por malversar dinero público.

Fiscalía: rebelión

En el caso del Tribunal Supremo, la Fiscalía tiene claro desde hace un año lo que va a hacer: acusar de un delito de rebelión a los líderes encarcelados del procés y hacer máximo responsable a Oriol Junqueras, exvicepresident del Govern destituido de Carles Puigdemont. Calibrando la diferencia entre la intervención de exconsejeros como Dolors Bassa con la de círculo más cercano del expresident, la intención de la Fiscalía es ceñirse dentro de lo posible a la horquilla más baja del delito de rebelión: la cuenta arranca en los quince años de prisión.

Manifestante frente a la Audiencia Nacional / Alberto Pozas

Esa ha sido la intención de la Fiscalía durante todo el proceso, desde la interposición de la primera querella hace un año por parte de José Manuel Maza, y un cambio de delito en el escrito provisional no es algo que contemplen ninguno de los fiscales implicados en la instrución del caso. Está por ver cómo se introduce también la acusación por malversación de caudales públicos en el caso de los exmiembros del Govern y, por supuesto, si estas acusaciones cambian de cara a la fase final del juicio.

La querella que abrió el proceso hace un año era contundente: existió "un concierto de voluntades y un propósito firme y decidido en la comisión de un delito de rebelión" por parte de los acusados, un delito que acarrea penas de entre 15 y 30 años de prisión. Otros nueve imputados - entre ellos Mireia Boya o la Mesa del Parlament - están procesados por desobediencia, que acarrea multas y penas de hasta dos años de inhabilitación: el expresident Artur Mas y los exconsellers Francesc Homs, Irene Rigau y Joana Ortega fueron condenados por este delito.

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Cadena SER

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