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Martes, 19 de Noviembre de 2019

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El Gobierno quiere una mujer para presidir el Tribunal Supremo

Este lunes a las ocho de la tarde concluye el plazo para que los partidos presenten la lista de candidatos que corresponde elegir al Parlamento como vocales del órgano de gobierno de los jueces

Imagen de la fachada del Tribunal Supremo, en Madrid / ()

Este lunes a las ocho de la tarde concluye el plazo para que los partidos presenten la lista de candidatos que corresponde elegir al Parlamento como vocales del órgano de gobierno de los jueces.

El Congreso y el Senado deberán elegir a los 20 nuevos vocales de los que 12 deben ser jueces o magistrados preseleccionados por la carrera profesional, y los otros ocho son juristas de reconocido prestigio propuestos por los grupos políticos. Entre todos los vocales eligen por votación al nuevo presidente que lo será también del Tribunal Supremo.

El próximo 4 de diciembre, el órgano de gobierno de los jueces deberá tener una nueva composición que se mantendrá inalterable durante los próximos cinco años y será la encargada entre otras cuestiones determinantes para la Justicia, del nombramiento de magistrados para el Tribunal Supremo y otros altos organismos de la judicatura.

Como principal novedad, se acaba con la reforma de Gallardón de 2013 para que los vocales vuelvan a tener ahora dedicación exclusiva ( y no solo los miembros de la comisión permanente) de tal forma que durante los próximos cinco años no podrán compaginar el Consejo con otros trabajos. Se acabaron lo vocales de primera y de segunda fila.

También mejora la trasparencia en la política de nombramientos porque el Consejo tendrá que motivar el mérito de los magistrados para acceder al cargo.

Se pretende además acabar con el presidencialismo protagonizado por el actual responsable del Consejo y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, que ha debilitado la imagen de la Institución y ha sido denunciado por asociaciones y otros colectivos judiciales hasta el punto de ponerle en el centro de la diana al no haber sabido reaccionar ante los ataques a determinados jueces o en la reciente gestión del impuesto de las hipotecas.

Las negociaciones llevadas por Rafael Catalá, por el Partido Popular y Dolores Delgado, la ministra de Justicia están muy avanzadas y solo falta consensuar quien ocupará la presidencia del Consejo. Aunque la votación para elegir presidente se producirá en diciembre y la realizan exclusivamente los nuevos vocales, son los partidos políticos los que fijan ahora el nombre del nuevo o de la nueva presidenta.

La función del presidente es extraordinariamente importante al ser el responsable del tercer poder del Estado. Tiene el voto de calidad por lo que puede inclinar la balanza en las votaciones del Consejo y en la Sala de gobierno del Tribunal Supremo.

El acuerdo

Socialistas y populares se han puesto de acuerdo en algunas ideas como no boicotear a los candidatos del otro. No habrá vetos en las listas que aporte cada partido, aunque los populares ya ha anunciado que ellos no cederán ninguno de sus vocales a otros grupos parlamentarios y, por tanto, tendrá que ser el PSOE quien habilite la presencia de candidatos de Podemos e incluso a algún representante de partidos nacionalistas.

Presidencia

Desde el grupo socialista se busca una mujer para la presidencia, mientras que desde el grupo popular se tenía en mente proponer a Manuel Marchena, actual presidente de la Sala Penal del Supremo que juzgara a los líderes del procés, aunque esta idea fue desechada durante el fin de semana en busca de "un candidato de consenso". Quizá entraría en este puesto presidenciable Santiago Martínez Vares, actual magistrado del Tribunal Constitucional.

Los socialistas prefieren que fuera una mujer y entre otros se barajan los nombres de Ana Ferrer, magistrada de la sala Penal del Tribunal Supremo o Encarnación Roca magistrada del Tribunal Constitucional. También aparece en la quinielas Pilar Teso y Lourdes Arastey, magistradas de la Sala social del TS y desde las asociaciones de mujeres juristas también suena María Luisa Balaguer, magistrada del Constitucional.

Vocales

Las listas de los nuevos vocales si parecen más consolidadas y se da por segura la presencia de tres magistrados del Supremo pertenecientes a la Sala de lo contencioso como Ángel Arozamena y José María del Riesgo, a propuesta del PSOE y José Antonio Montero a propuesta del PP.

Otros nombre con muchas posibilidades de estar en el nuevo Consejo son Gema Espinosa (PP) exdirectora de la Escuela Judicial con el mayor número de avales de compañeros, 309, el juez de lo Mercantil número 3 de Barcelona, José María Fernández Seijo (PSOE) , quien llevó la ley hipotecaria al TSJ de la Unión Europea y ganó; la juez de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Andalucía, Inmaculada Montalbán (PSOE) que fue presidenta del Observatorio contra la Violencia de Genero y cuenta con el respaldo de la vicepresidenta Carmen Calvo.

También se perfilan el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu (PSOE) instructor del caso Bankia y amigo de la ministra Dolores Delgado, o la decana de Jerez y juez en Sevilla, María Reyes Vila (PP).

Otros vocales a designar son la juez y ex diputada de Podemos, Victoria Rosel (PSOE-Podemos), la magistrada de la Audiencia Nacional y ex teniente de alcalde en Madrid, María Tardón (PP), Esther Erice (PSOE) presidenta de la Audiencia Provincial de Navarra. Desde el lado de los populares se sumarían Alejandro Abascal (Madrid), Esther Rojo, de Valencia o Raul Sánchez Conesa, del juzgado de primera instancia de Cartagena.

Juristas

Entre el grupo de juristas en este momento suenan con fuerza a propuesta del PSOE José Ricardo de Prada Solaesa (PSOE), uno de los magistrados que condenó al PP en la trama Gurtel y que no pudo entrar por el turno de magistrados al no estar en activo en la carrera judicial pero si podría entrar dentro del cupo de los juristas de reconocida competencia, la fiscal de Santiago de Compostela especialista en violencia de género Pilar Fernández y Diego Iñiguez, juez de lo contencioso en Bilbao.

Por parte del PP, se baraja el presidente de los Procuradores de España, Juan Carlos Estévez; el abogado y exdiputado José Miguel Castillo y Pilar Giménez Bados, fiscal superior en Cantabria.

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