Las mentiras y verdades a medias del manifiesto en Madrid contra Sánchez

Madrid

El manifiesto que puso el broche a la manifestación de este domingo en Colón y que leyeron tres periodistas fue consensuado por el Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Tres periodistas que leyeron un documento que contiene falsedades y medias verdades como estas:

"El Gobierno cedió al aceptar las 21 exigencias del secesionismo"

El Gobierno nunca aceptó este texto que difundió la Generalitat el 6 de febrero y que en parte adelantó la Cadena SER el pasado mes de diciembre. Un documento que defendía el derecho de autodeterminación para Cataluña. La vicepresidenta Carmen Calvo lo negó tajantemente hace una semana diciendo que un referéndum sobre esa cuestión "no era aceptable nunca".

"El Gobierno cedió al iniciar unas negociaciones para aprobar los presupuestos ofreciendo a cambio la soberanía nacional"

El Gobierno nunca ha incluido en las negociaciones con los partidos catalanes la soberanía nacional. La Ministra de Hacienda, María Jesús Montero dijo públicamente que nunca iban a "discutir cuestiones que no estuvieran en nuestro marco constitucional". De hecho, tanto el PdeCat como ERC han presentado una enmienda a la totalidad de las cuentas del Ejecutivo.

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<p>Así reflejan las portadas la manifestación del PP, Cs y Vox en Colón</p>

"El Gobierno cedió al admitir la posibilidad de que hubiera mediadores, relatores o cualquier figura semejante"

El Gobierno nunca aceptó la figura de un mediador sino la de un relator que ordenara los asuntos a tratar y la agenda de las reuniones.

"El Gobierno cedió al aceptar la bilateralidad entre iguales en la reunión de Pedralbes"

La comisión bilateral Estado - Generalitat es una previsión del Estatut que incluye las comisiones de infraestructuras, Hacienda y Transferencias. Es una previsión legal y no una cesión de Pedro Sánchez. Esta comisión llevaba sin reunirse desde el año 2011.

"El Gobierno cedió al recibir con lazos amarillos al presidente de la Generalitat en Moncloa"

La redacción es deliberadamente confusa porque Pedro Sánchez no recibió a Quim Torra con un lazo amarillo. Fue el presidente de la Generalitat quien lo exhibió. Podemos entrar en el debate de si es legal o ilegal llevar el lazo amarillo y aquí, los precedentes, tampoco juegan a favor de la afirmación del manifiesto. La dirección general de la Guardia Civil ordenó a sus agentes que no retiraran lazos amarillos el pasado mes de octubre en plena polémica por los enfrentamientos ocurridos en Cataluña entre partidarios y detractores de este símbolo. Albert Rivera e Inés Arrimadas llegaron incluso a retirarlos. La orden se basaba en la neutralidad del Instituto Armado y en que se trata del libre ejercicio de la libertad de expresión y de la libertad ideológica.

"El Gobierno cedió al torcer el criterio jurídico de la Abogacía del Estado (...) Reafirmamos a las puertas del juicio sobre el asalto a la unidad de la nación española nuestro compromiso con la Justicia y nuestro apoyo cerrado a los jueces que llevan meses sufriendo la presión independentista"

Aquí se afirman verdades a medias. La Abogacía del Estado no ha dejado de acusar a los líderes del procés. Lo que ha hecho es calificar los hechos como un delito de sedición, coincidiendo con el criterio de la Audiencia Nacional, y no de rebelión que es el criterio de la Fiscalía.

Dicen que "los jueces llevan meses sufriendo la presión independentista" pero también lo sufre el Gobierno al que han reclamado que interfiera en la acción de la Fiscalía. Cosa que no ha ocurrido. La única decisión de la Fiscalía que sorprendió a propios y extraños durante la investigación ocurrió con el Gobierno de Rajoy. El entonces Fiscal General del Estado, Julián Sánchez Melgar ordenó a sus fiscales que pidieran la libertad de Joaquim Forn. El Tribunal rechazó la petición.

"El Gobierno cedió al trasladar a los políticos presos a la cárcel de Lledoners"

El Gobierno cumplió escrupulosamente la legalidad al trasladar a los presos preventivos a cárceles catalanas, tal y como establece la ley general penitenciaria cuando apela a evitar el "desarraigo social". Además lo hizo consultando al magistrado instructor, Pablo Llarena, que no se opuso a ello y con la previsión de que en un plazo aproximado de seis meses no iban a ser requeridos por el alto tribunal.