El Gobierno estudia un plan urgente de exhumaciones para recuperar 25.000 víctimas del franquismo en cinco años

Madrid

Los expertos de la Memoria Histórica proponen al Gobierno un plan urgente de exhumación de fosas que permitiría recuperar los restos de unas 25.000 víctimas de la Guerra Civil y del Franquismo. Una cifra que queda muy lejana de los 130.000 asesinados por la violencia franquista, según los datos históricos o de los 114.000 desaparecidos que fueron fusilados y enterrados en fosas comunes y cunetas, según las estimaciones de las asociaciones de víctimas y represaliados.

EL MAPA DE LAS FOSAS

<p>Consulta el mapa de fosas comunes de la Guerra Civil y la dictadura franquista.</p>

La propuesta figura en el informe que han elaborado para el Ministerio de Justicia doce investigadores y que ha sido coordinado por el prestigioso forense y profesor de la Universidad del País Vasco Francisco Etxebarría. Se trata del estudio sobre el “Estado actual de las exhumaciones de las fosas comunes de la Guerra Civil y dictadura franquista. Recomendaciones para el futuro” al que ha tenido acceso la Cadena SER.

Según el informe, desde 2000 solo se han exhumado 740 fosas comunes y se han recuperado más de 9.000 esqueletos. Un trabajo realizado con el impulso fundamental de las asociaciones de la Memoria Histórica con un apoyo institucional insuficiente y la mayoría de las veces ausente. El Mapa de Fosas del Ministerio de Justicia, en constante actualización, registra casi 2.500. Todavía quedan muchas por abrir. Por ejemplo, en Andalucía unas 700. Sin embargo, en el País Vasco ya no queda ninguna.

El documento señala que “con una intervención oficial del Estado” en cuatro o cinco años se podría resolver el problema de los desaparecidos en España. Para ello, serían necesarios siete equipos forenses de intervención en los que trabajarían hasta cincuenta profesionales bajo la coordinación de un Consejo General de la Memoria Histórica. Las estimaciones apuntan a que “podrían recuperarse de 20.000 a 25.000 víctimas de las fosas que quedan todavía por exhumar y de ellas sería posible identificar entre 5.000 y 7.000 personas”.

“Este cálculo tiene un margen de error bastante amplio porque cada vez quedan menos familiares, así que es muy posible que ese número sea incluso menor” señala a la Cadena SER Fernando Serrulla, uno de los expertos que ha colaborado en el estudio. Según este forense, la mitad de las fosas que se buscan no se encuentran por varias circunstancias: “porque encima se ha construido una carretera o un edificio, porque el cementerio ha sido trasladado o porque simplemente la ubicación no es la correcta. En otros casos, los cadáveres fueron exhumados por las familias al terminar la Guerra Civil o en épocas posteriores”.

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Fernando Serrulla admite que las expectativas de recuperación son bajas y en cierto modo “una decepción” para el movimiento social de la memoria histórica que lleva muchos años pidiendo que el Estado asuma su responsabilidad de localizar, exhumar e identificar a las víctimas como han hecho otros países. “Las víctimas están absolutamente abandonadas y es sorprendente que desde la democracia ningún gobierno haya sido capaz de poner remedio a esta situación, es increíble que España siga siendo el segundo país del mundo con más desaparecidos después de Camboya”.

Los expertos recomiendan un plan urgente porque el tiempo corre en contra dada la avanzada edad de los familiares. Desde que nació el movimiento científico de la memoria histórica, “en estos 19 años se han hecho cosas muy puntuales y no se han seguido las indicaciones de la ONU” añade Serrulla. Entre 2006 y 2011, contando con el apoyo del gobierno socialista de Zapatero, se llevaron a cabo más de 370 exhumaciones con la recuperación de 5.800 víctimas. Después del año 2011, con la supresión de las ayudas y subvenciones por parte del gobierno de Rajoy, las exhumaciones se realizaron con el apoyo de algunos ayuntamientos y de varias Comunidades Autónomas.

Las conclusiones del informe insisten en que la búsqueda de los desparecidos debe ser asumida como una obligación estatal, en la necesidad de la puesta en marcha de una oficina de atención a las víctimas, en una coordinación entre las comunidades, la elaboración de protocolos comunes y en el desarrollo de una plataforma digital-web con la participación de las familias y los profesionales.

Dado que los testimonios orales son una de las fuentes básicas de la memoria histórica, los expertos proponen además crear un archivo unificado de fuentes orales porque los recogidos hasta ahora están dispersos y fragmentados. Señalan igualmente que el Estado debe cumplir las recomendaciones de los organismos internacionales para garantizar el derecho a la justicia de los afectados con medidas como tipificar la desaparición forzada, establecer la imprescriptibilidad del delito y considerar la derogación de la Ley de Amnistía de 1977 porque constituye un obstáculo para el ejercicio de la justicia.