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Domingo, 05 de Abril de 2020

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Audiencia Nacional

La Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional se queda sin jueces

El Tribunal Supremo ordena que las plazas vuelvan a salir a concurso, pero no anula las sentencias dictadas

Esta sala marcó una línea menos agresiva en la persecución del enaltecimiento del terrorismo en redes sociales

Audiencia Nacional.

Audiencia Nacional. / EFE

La Sala de Apelaciones tenía tres jueces: Enrique López, Eloy Velasco y como presidente interino, el actual presidente de la Audiencia Nacional, Jose Ramón Navarro. Ahora, tras la anulación inapelable del Supremo, la sala se queda sin jueces que estudien y corrijan las sentencias de las cuatro secciones de la Audiencia Nacional.

Esta sala había dictado sentencias novedosas en las que confirmaron por ejemplo que no hubo terrorismo ni en Alsasua por las agresiones a guardias civiles ni en la ciudad de Pamplona, y marcó una línea menos agresiva en la persecución del delito de enaltecimiento del terrorismo en redes sociales como Twitter o Facebook

Sentencias válidas

Según fuentes jurídicas, las decisiones adoptadas hasta ahora son válidas, pero el problema se plantea de cara al futuro ya que el próximo martes, por ejemplo, estaba previsto celebrar la revisión del recurso presentado contra la sentencia condenatoria a un dominicano por un delito de violación y ahora el caso quedaría en suspenso pendiente de deliberación hasta que haya nuevos jueces.

Nulidad

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha anulado los nombramientos de los magistrados Enrique López y Eloy Velasco, acordados en mayo de 2017 por el Consejo General del Poder Judicial. El Supremo ha estimado los recursos de los magistrados Manuela Fernández Prado (de la Sala Penal de la Audiencia Nacional) y Carlos Valle (juez de Instrucción en Madrid), que también se presentaron a dichas plazas y fueron rechazados.

El acuerdo del Consejo especificaba que, a igualdad de méritos de antigüedad, el concurso se resolvería a favor de quién ostentase esa especialidad. Y es aquí donde radica la polémica. Los magistrados recurrentes alegan en su escrito del pasado 21 de abril que superaron unas pruebas de especialización convocadas por el CGPJ en 2011 que luego anuló el Tribunal Supremo.

En su fallo, el Alto Tribunal especificaba que, en cualquier caso, la superación de esas pruebas, muy exigentes y a las que se concurría de forma anónima, serían tenidas en cuenta como mérito para la promoción futura en la carrera judicial. Después, la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 2015 aprobó que el CGPJ convocara nuevas pruebas de especialización. Pero el actual Poder Judicial nunca ha llegado a hacerlo.

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