La lectura política y jurídica del cruce de informes y peticiones sobre los presos

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Madrid

Ha sido una reunión tensa pero en la que han decidido darse 24 horas para que los letrados del Congreso digan cuál es el procedimiento. Todo eso después de que el Supremo haya vuelto a dejar en manos de la Cámara la responsabilidad.

Ha sido la propia presidenta del Congreso, Meritxell Batet, quien ha puesto en el orden del día de la mesa la suspensión de los diputados en prisión y se ha encontrado con los argumentos que PP y Ciudadanos habían explicado en sendos escritos sobre el automatismo en aplicación de la ley de Enjuciamiento Criminal y el reglamento del Congreso. Del otro lado, PSOE y Unidas Podemos, que han considerado que se trata de una decisión lo suficientemente importante en democracia que la decisión debe sustentarse en argumentos jurídicos que no menoscaben los derechos de los propios parlamentarios y de la propia institución.

Meritxell Batet, ante la falta de unanimidad, se ha apoyado en la mayoría para solicitar un informe que de garantías de que la decisión no es política ni arbitraria. "La decisión, por tanto, queremos que se tome con todas las garantías jurídicas pero también queremos que sea con el máximo de celeridad posible. La pretensión es que la mesa de mañana esté en condiciones de tomar la decisión", ha asegurado la presidenta del Congreso.

El secretario general, según fuentes conocedoras de la reunión, ha pedido tiempo para acabar de perfilar el informe cuyos argumentos estaban siendo estudiados por los letrados desde que el Tribunal Supremo envió las indicaciones para la sesión constitutiva. Los miembros de la Mesa del Congreso lo tendrán antes para poderlo estudiar y no retrasar la decisión contra la que cabe recurso. Los grupos parlamentarios afectados, según ha sabido la SER, están ultimando esa vía que no tiene caracter suspensivo, aunque la presidenta podría convocar otra mesa el lunes para estudiar las alegaciones a una decisión que entraría en vigor ese mismo día.

Esto llega después de que Batet pidiese un informe al Supremo para que le aclarase qué quería que hiciera el Congreso y de que el Supremo haya respondido a Batet que no tiene nada que aclarar.

La postura del Supremo

El Supremo ha dicho que no se mueve ni un centímetro de lo que dijo hace una semana y media. Por un lado aseguran que no van a hacer ningún informe sobre la aplicación o no de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Dice que es imposible por la configuración constitucional del propio Tribunal Supremo, es decir, por la propia separación de poderes. Entiende que hacer un informe a petición de la presidenta del Congreso sería influir y mezclarse en la actividad del Congreso.

Por otro lado preguntaba Batet si podía aplicar y de qué manera el artículo 384 bis de la ley de Enjuiciamiento Criminal. El Supremo se lava las manos y le explica que está todo en el reglamento del Congreso. Concretamente en el artículo 21, que habla de suspender de sus funciones a un diputado que ha sido procesado en firme previa petición de un suplicatorio. En este caso no ha sido necesario ese suplicatorio por las circunstancias que han rodeado el caso, ya que el escaño ha llegado después del procesamiento. Como están en prisión provisional, que es el otro requisito, el reglamento dice que se les debe suspender. Pero desde el tribunal dicen que no serán los encargados de tomar la decisión.

Diferencias con la suspensión en Cataluña

¿Cuál es la diferencia entre estos diputados y los que fueron suspendidos en el Parlament? Porque en aquel caso sí que fue el instructor del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, quién les suspendió.

Tuvo que ver con los tiempos. Hace un año, Llarena los procesó a los cinco mismos diputados y al propio Carles Puigdemont por rebelión pero por aquel entonces ya eran diputados en el Parlament de Cataluña. En ese momento, el juez instructor dijo que era automático. En este caso las cosas han llegado al revés. Ya estaban procesados e incluso estaban siendo enjuiciados cuando han adquirido su condición de diputados. Esto es lo que ha llevado al Supremo a tomar esta decisión. La sala de enjuiciamiento que juzga el procés lleva varias semanas explicando cada vez que se le plantea algo relativo al tema que estar en prisión o enjuiciados no debe imposibilitar participar en la vida política. Si les limita, pero no les imposibilita. Esta postura defendida durante semanas chocaría con que ahora el Supremo aplicase este artículo aunque los cinco cumplen los dos requisitos: están procesados en firme y están en prisión.

La lectura política

Desde el Gobierno insisten en que no hay dudas: los presos deben ser suspendidos. Lo ha repetido este jueves Carmen Calvo con la misma contundencia con que lo dijo ya el martes, cuando aún no se había constituido el Congreso. "El reglamento del Congreso tiene una previsión clara acerca de cuando un diputado o diputada está en una situación como esta, pero a mí no me toca decidirlo. Aun así, y lo digo con conocimiento de causa, porque conozco a la presidenta Batet. Es muy solvente y va a tomar la responsabilidad del cargo que tiene, que nadie se precipite", ha vuelto a asegurar.

El PP ha llegado a advertir que está dispuesto a denunciar a Batet por prevaricar. "Estaría incurriendo en prevaricación si una vez ya notificado el Supremo que tiene que tomar la decisión ella, y sabiendo que la legislación en vigor y el reglamento del Congreso dice que hay que hacerlo de manera automática e inmediata, ella no supenda de inmediato a los presos golpistas en su condición de parlamentarios", ha dicho Casado. Ciudadanos no llega a tanto pero Arrimadas también carga contra la presidenta de la cámara, a la que no llama sólo por su nombre. "El PSOE y Batet se tienen que dejar de excusas baratas y tiene que suspender inmediatamente a los golpistas. Cada día que pasen cobrando un sueldo público es una humillación a los españoles", ha apuntado Arrimadas.

La lectura jurídica

¿Por qué dice el Congreso que es cosa del Supremo y por qué dice el Supremo que es cosa del Congreso? El Congreso sabe perfectamente que deben ser ellos los que suspendan a los diputados, pero no lo hacen, según fuentes jurídicas consultadas por la SER, por razones políticas electorales –para no destapar más suspicacias de cara a la cita del domingo– o por razones de oportunidad –para esperar que amaine el temporal y tomar una decisión la semana que viene con cabeza fría –.

Desde el Congreso, y la propia Meritxell Batet, que es catedrática de Constitucional, conocen perfectamente la opinión de los expertos. Estos ven una única dirección para aplicar el reglamento y suspender. Desde la Fiscalía también han pedido que sea el Supremo, sin necesidad alguna, el que tenga que instar al Congreso. Pero el Supremo, indirectamente, ya ha dado traslado al resto de las partes. El Supremo asegura que ellos no están para hacer informes ni para instar al legislativo.