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Sábado, 07 de Diciembre de 2019

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Rebelión y sedición, frente a frente en los informes finales del juicio al procés

Las acusaciones exponen sus informes finales ante el tribunal que juzga el procés independentista

Fiscalía y Abogacía del Estado defenderán posturas distintas en torno a si hubo rebelión o sedición

El fiscal Javier Zaragoza durante el juicio / ()

Este martes el tribunal que juzga el procés unilateral escuchará los informes finales de las acusaciones. La Fiscalía se prepara para hacer una defensa cerrada de la acusación por rebelión contra nueve de los doce líderes independentistas encausados, convencida de que las cuarenta y nueve sesiones de juicio han apuntalado su teoría: en Catalunya hubo una "situación claramente insurreccional" con la violencia como llave de la independencia. 

A lo largo de estos meses los fiscales han ido expresando su opinión sobre el procés independentistas: "Un atentado grave al interés general", según Jaime Moreno. Un "proceso unilateral de quiebra del orden constitucional" para Javier Zaragoza. "Desde el punto de vista de la unidad territorial, Segovia no es de los segovianos ni Zaragoza de los zaragozanos, ni Cataluña sólo de los catalanes separatistas", explicó Fidel Cadena.

Este martes tendrán que argumentar su acusación definitiva por rebelión. Están convencidos de que los más de 400 testimonios y la prueba pericial no han hecho sino confirmar su teoría: que los partidos y altos cargos independentistas urdieron un plan con las grandes asociaciones sociales para separar Catalunya del resto del país. La violencia y el enfrentamiento entre ciudadanos y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado era, según la Fiscalía, una pieza más en un plan frustrado tras la aplicación del artículo 155 y la acción de la Justicia. 

El informe final de la Fiscalía, por tanto, se centrará no sólo en explicar que esa situación de violencia ha quedado demostrada sino también en destacar el papel de los políticos encausados: cómo decidieron seguir adelante con el referéndum ilegal a pesar de las advertencias de posibles disturbios, de cómo pusieron en marcha leyes de desconexión a pesar de las advertencias del Tribunal Constitucional y cómo el propio Carles Puigdemont tenía intención de declarar la independencia si el 1-O se convertía en una jornada violenta. 

Abogacía del Estado: sedición

Las abogadas del Estado del caso, Rosa Seoane y Elena Sáenz, llegan a la fase final del juicio con la sensación de tener los deberes hechos: haber conseguido demostrar e incluso ampliar la acusación por malversación de un cálculo estimado de 2,9 millones. Pruebas como la declaración de las cuatro peritos de Hacienda y la Intervención General del Estado o las de diversos empresarios y trabajadores que reconocieron haber recibido y realizado encargos relacionados con el referéndum apuntalan, según su criterio, su acusación por este delito. 

Rosa Seoane y Elena Sáenz durante el juicio / Pool (ACN)

Durante la fase de instrucción la Abogacía del Estado apostó, como la Fiscalía, por una acusación cimentada por el delito de rebelión pero un cambio impuesto a última hora encauzó su acción por la sedición y eliminando cualquier alusión a la palabra "violencia" en su escrito de calificación provisional elevado a definitivo en los últimos días. Este martes explicarán por qué la descripción de los hechos realizada en los últimos meses por 400 testigos constituyen una sedición y no una rebelión como entiende la Fiscalía. 

Vox: organización criminal

Si todo discurre según las previsiones del Supremo este martes también se escucharán los argumentos definitivos de la acusación popular del caso: el partido ultraderechista Vox. En su caso, las peticiones de cárcel ascienden hasta los 74 años de presidio que pide para Oriol Junqueras atribuyendo a los líderes independentistas dos delitos de rebelión y otro más de organización criminal, excluyendo de este último delito sólo al exconseller Santi Vila. La Fiscalía también ha acusado por este delito en la causa seguida contra los preparativos del 1-O en Barcelona. 

Javier Ortega-Smith durante un acto electoral en mayo / David Fernández (EFE)

Los abogados de la formación ultra - los diputados Javier Ortega-Smith y Pedro Fernández - tendrán que justificar por tanto por qué acusan de varias rebeliones y por qué no incluyen las acciones propias de la organización criminal en esa acusación. Un delito sobre el que incluso ha mostrado reticencias el propio Manuel Marchena: el pasado mes de febrero, en una de las primeras sesiones del juicio, dejó caer que "la sala constata que hay un problema de soporte fáctico" con respecto a este delito. 

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