"La defensa de la unidad de España no puede sacrificar derechos fundamentales"

Madrid

Este miércoles el Tribunal Supremo ha acogido la sesión número 52 del juicio al procés independentista, la última de este proceso judicial en la que el juez Manuel Marchena ha entonado el visto para sentencia. Estaba previsto que hoy expusiesen sus informes finales las defensas de cinco de los acusados, que los propios líderes independentistas hiciesen uso de su última palabra y que los jueces empezasen a deliberar.

Ayer lo hicieron las defensas de siete de los imputados: Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull, Jordi Sànchez, Joaquim Forn y Carles Mundó. Para hoy está previsto que lo hagan las de Jordi Cuixart, Carme Forcadell, Dolors Bassa, Meritxell Borràs y Santi Vila.

Ha sido Marina Roig, abogada del presidente de Òmnium Cultural, la que ha tomado la palabra al principio de la sesión para denunciar la vulneración de los derechos fundamentales de su cliente, poner en valor el informe de un grupo de trabajo ligado a la ONU que critica su situación de prisión provisional y asegurando que "la defensa de la unidad de España no puede provocar el sacrificio de los derechos fundamentales reconocidos a todo ser humano".

Roig ha negado que los disturbios del 20-S y el 1-O sean atribuibles a los ciudadanos y a Jordi Cuixart: "No es posible sostener la violencia que requiere el delito de rebelión en estas lesiones ni lo acaecido el 1-O supone una amenaza de violencia susceptible de doblegar la voluntad del Estado".

Los abogados de los líderes independentistas abandonaron ayer el tono más político que entonaron algunos en la sesión de cuestiones de previo pronunciamiento y se dedicaron a combatir, una por una, las acusaciones de la Fiscalía, negando la existencia de rebelión y malversación de caudales públicos.