¿Por qué a España le cuesta tanto ser renovable?

Madrid

“Yo no compraría un coche eléctrico porque no me parece un sistema optimizado. La autonomía es muy escasa, los puntos de recarga igual y es muy caro”. Esta es la respuesta estándar de un ciudadano español, elegido al azar, cuando le preguntan por qué no se compraría un vehículo eléctrico en caso de que pudiera.

Lo cierto es que ni estamos preparados para renovar el parque móvil, ni España es completamente soberana de su energía. La RAE lo dice claro: renovable es “la energía cuyas fuentes se presentan en la naturaleza de modo continuo y prácticamente inagotable”.

Aunque es más ecológico no sabemos de dónde sale la electricidad que recarga estos coches. Podría ser del 41% de producción de energía que contamina o del 59% que no lo hace, si sumamos las renovables (38%) y la energía nuclear (21%). Esta última no emite C02, pero presenta los evidentes problemas de residuos nucleares y, en definitiva, es una energía “agotable”.

Cuando al “sí” le sigue un “pero”

España lleva como una losa lo de ser renovable. Tenemos mucho sol y no sabemos qué hacer con él. La mejor prueba es una geografía privilegiada que nos permite ser uno de los países europeos que más insolación recibe a lo largo del año, solo superados por Turquía, Italia y Grecia. En algunos puntos de nuestro país, Mallorca, por ejemplo, llegamos a las 2.800 horas de sol anuales. Un filón para la energía fotovoltaica que todavía no sabemos -o no queremos- aprovechar.

El "impuesto al sol", ese peaje insidioso que dificultaba la instalación de placas solares, acabó en 2018 con un saldo terrible. En el último año, la acumulación de la potencia fotovoltaica generada apenas llegó a los 5.037 megavatios, cuando el Plan Nacional de Energía y Clima oficialmente dice que, para 2030, deberán instalarse en España 55.000 megavatios de energía renovable, la mitad solo de energía solar, es decir, 25.500. El año pasado se instalaron solo 187 megavatios, el 90% para autoconsumo. No solo es poco, sino que además está concentrado en pequeñas y numerosas instalaciones.

Transición Ecológica escribe en sus borradores los objetivos que presentará a Europa a la espera de que no se conviertan en un borrón. La descarbonización a mitad de siglo pasa por sacudir la estructura económica de los países europeos. En 2050, tendremos que haber reducido en un 40% las emisiones de dióxido de carbono respecto a 1990. Todavía no hemos alcanzado el 20% que se exigía en esa década. El Ministerio se congratula en el balance energético de 2018 de que, por lo menos, “la forma más barata de producir electricidad en España ahora es mediante el sol o el viento”.

¿Hasta dónde llega la dependencia de España?

El horizonte, más allá de los esfuerzos hechos hasta ahora, todavía tiene trazas de humo negro. Según el Observatorio de la Sostenibilidad, en algunas partes de la península la temperatura ha aumentado dos grados desde 1988, el doble que a nivel mundial. En 2050 se prevé una subida de tres grados con fuertes impactos en la agricultura y ganadería. Además, las migraciones climáticas pueden afectar más de lo que creemos a los países del sur de Europa.

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Los dos mayores emisores de gases de efecto invernadero son la generación eléctrica y la movilidad. Cada uno responsable de aproximadamente la cuarta parte de las emisiones en España. Los petróleos disfrutaron durante la crisis de una inyección de más de 6000 millones de euros, a costa de una menor inversión en renovables y, por otro lado, la realidad del transporte en nuestro país es cruda.

Según un informe de la ANFAC, el 20% de los coches en circulación más antiguos generan el 80% de la contaminación y se han vendido 180.000 automóviles de más de 20 años. Los españoles no tienen suficiente poder adquisitivo para comprarse un coche (nuevo) más respetuoso con el medioambiente.

Somos dependientes. Y mucho. El Club de la Energía Español (ENERCLUB) arroja algunas conclusiones como, por ejemplo, que las principales fuentes de energía primaria son los combustibles fósiles o la dependencia de energía externa es de un 75%, para algunos una sangría en la riqueza nacional. Esto se desglosa en una participación de productos petrolíferos del 45%, el gas natural un 21% y el carbón 8,7%. Casi todo viene de fuera, hasta el carbón.

La producción eléctrica renovable se situó en 2018 en torno al 38%, todavía lejos del objetivo 45% para los próximos años, tal y como exige la Unión Europea. Sin embargo, hay que distinguir entre la producción primaria y el consumo final, que es el importante.

La energía final es la refinada y apta para aplicarse en sociedad. En este caso, los datos son demasiado modestos. En 2017 se alcanzó una participación del 17,5% en renovables y se prevé que para 2020 lleguemos al objetivo propuesto del 20%. Aunque dependerá más de la voluntad política que técnica.

El gran perjudicado es el carbón. Aunque en nuestro país la producción carbonífera no supera el 3% y la mayor parte de las minas de la Europa occidental están cerradas, la situación es diferente en otras partes. Polonia, por ejemplo, tiene una economía que depende un 80% de la electricidad generada por el carbón. El camino no será fácil para Europa.

¿Hacia un ‘New Green Deal’?

Con este escenario, las energías renovables tratan de abrirse paso en una industria que despreció, durante los peores años de la crisis, las posibilidades de desarrollo mediante fuertes regulaciones. Hemos pasado de gravar la instalación de alternativas fotovoltaicas a un “quien contamina paga “con medidas como Madrid Central y los distintivos ambientales.

2019 es el año del sol, como dicen los principales responsables de las empresas renovables, y algunas previsiones para la próxima década aseguran una implantación renovable de 57.143 megavatios de los que más de la mitad serán por energía solar fotovoltaica.

Es una contradicción que estas energías estén de moda, pero al mismo tiempo no haya una apuesta clara sobre ellas. ¿Sería posible un ‘Green New Deal’ en España, es decir, un gran pacto para una definitiva y fuerte inversión que permita una economía de bajo carbono? La respuesta no es clara.

Los expertos apuntan a que podríamos asistir a la creación de miles de trabajos verdes y una mayor eficiencia energética, ahora que parece nos acercamos al ‘crac’ climático. Esta era la propuesta original de ese ‘green deal’ que quedó más en un papel que en una realidad.

La creación de un ministerio específico de “Transición Ecológica” como sustitución al Ministerio de Energía tradicional apunta a una “revolución” renovable o, como dice el Secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, “un ministerio que como me gusta decir es el único ministerio que no se llama de algo sino para algo”.

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De momento nos movemos en un terreno con muchos baches. Bruselas se plantea llevar a España ante los tribunales por la contaminación generada en Madrid y Barcelona o en términos más reales, el dióxido de nitrógeno mata a 6.100 personas al año en nuestro país, según el informe de Sostenibilidad de la Fundación Alternativas. Y otro participante se une a este juego de equilibrios pues la demanda de diésel para la automoción continúa aumentando, aunque menos que otros años, quizá por las advertencias del Gobierno.

Las claves del ‘retraso’ renovable

El ingeniero de la NASA, Mehram Moalem, fue contundente al sugerir que el 1% del Sáhara podía dar energía a todo el planeta. Solo hace falta crear una instalación fotovoltaica de 112.000 kilómetros cuadrados e invertir 500.000 millones de dólares, una inversión a futuro que daría 17,4 teravatios de energía al año. Qué mejor idea que aprovechar la fuente de combustible más radiante y cercana como el sol. La realidad de España no es tan sencilla.

Según la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA), las regulaciones del pasado siguen teniendo consecuencias en el presente. La fuerte judicialización a la que se ha visto sometido el sector provoca inseguridad en las empresas y sin un marco ajeno a la “improvisación” no se podrá hacer nada.

De momento, la CNMC fijó en un 7,09% la retribución a las inversiones en plantas renovables creadas a partir de 2013, un incentivo que las asociaciones de productores ven con buenos ojos. Están a la espera de que esta decisión adquiera forma a partir de 2020, todo dependerá de la decisión del ejecutivo.

Por otro lado, la industria nacional de biocarburantes aquejó las importaciones subvencionadas al biodiésel argentino e indonesio. La decisión que vino de Europa supuso reducir los aranceles al biocombustible externo procedente del aceite de palma y la soja en un momento en que la producción nacional continuaba (y continúa) en alza.

Mas “grave” parece la restauración del impuesto a la producción de energía eléctrica del 7%. Teresa Ribera, ministra en funciones de Transición Ecológica, suspendió durante seis meses este impuesto ante la subida de los precios de la luz. Es una de las cuestiones críticas sobre las que tendrá que decidir el nuevo gobierno. La APPA entiende que este gravamen, pese al mercado común europeo, impide competir en igualdad de condiciones con, por ejemplo, Francia o Portugal.

Para rematar, en el grueso de energías renovables (38%) la principal aportación la hace la energía eólica (19%), le sigue la hidráulica (13,1%) y la fotovoltaica (3%). La producción eléctrica hídrica depende fundamentalmente de los recursos de que disponga el país. España es uno de los países que más acusa la sequía y, previsiblemente, irá a peor, por lo tanto, ¿hasta qué punto podemos depender del agua como bien renovable?

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En esta lucha de gigantes avanzamos hacia un horizonte verde que todavía se ve lejos. Tener una energía libre de emisiones, tanto su consumo como su producción, responde a una viabilidad técnica que ya está abierta. Ahora depende de la voluntad política elegir un sendero u otro.

Las fluctuaciones del precio de la luz y el gas de momento seguirán ahí. El autoconsumo está lastrado por las decisiones pasadas y no es un proceso que presente facilidades. Por otro lado, los cambios en el sistema de transporte son una asignatura pendiente para España.

Ya no hay un problema de percepción o concienciación, ahora hay pulsantes movimientos sociales exigiendo la entrada de medidas ecologistas en los gobiernos. Es una cuestión de decisión. Quizá uno de los problemas es que Castilla La-Mancha solo tenga 79.000 kilómetros cuadrados y no se pueda llevar a cabo la descabellada idea de llenarlo todo de placas solares.