Suspendido el macrojuicio contra ETA: los abogados de la banda llegan a un acuerdo con la Fiscalía

Madrid

Es el último macrojuicio contra ETA, comenzaba este lunes y en el banquillo de los acusados están 47 personas acusadas de integración y colaboración con banda terrorista. La Fiscalía les acusa de pertenecer al frente de makos, al frente de las cárceles y funcionar a las órdenes de ETA a favor de los presos y de los huidos de la organización armada.

De los acusados los más relevantes son Arantza Zulueta, una veterana abogada de los presos de ETA, y Jon Enparantza, para ambos se han acordado unas penas inferiores a cuatro años de prisión: para Zulueta, tres años y seis meses, y para Enparantza, dos años y siete meses. Las acusaciones les señalan como dirigentes de este frente de makos y pedían para cada uno 14 años de cárcel.

La pena más alta se pedía para Francisco Javier Balda, integrante del movimiento Pro Amnistia y portavoz de Herrira que podría haber condenado a veinte años de cárcel por los delitos de participación activa, enaltecimiento, financiación del terrorismo y quebrantamiento de cautelares. Las penas con las que se conforman los abogados de ETA finalmente rondan los tres años de prisión.

Este frente de cárceles se diseñó en el 2003 en base al Movimiento Pro Amnistía y el autodenominado Colectivo de Presos Políticos Vascos (EPPK). De aquí nació lo que se conoce como el Colectivo de Abogados, que estaba formado por letrados en activo y que según el escrito del Ministerio Fiscal asistían de manera jurídica a los miembros del EPPK "realizando funciones de asistencia política, recopilando información relacionada con los presos y suministrándola a la dirección del frente de las cárceles".

"Actividad complementaria de apoyo"

Según las acusaciones en la cúspide de este entramado estaba el Grupo de Coordinación "Koordinazio Taldea" cuya función principal era dirigir el EPPK (colectivo de presos) de forma integral, garantizando la cohesión de sus miembros y su fidelidad a la banda, ejerciendo esta función siempre de forma subordinada a la organización terrorista y de acuerdo a las directrices generales que ETA les hacía llegar.

La acusación popular está representada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) que pide también penas que van desde los ocho a los 14 años de cárcel. Esta acusación considera a Zulueta y Enparantza autores del delito de participación activa en organización terrorista. En su escrito de acusación, la AVT considera al grupo Herrira como el frente que realizaba "actividades complementarias de apoyo, exaltación y financiación a favor de los presos de ETA".

El tribunal va a estar presidido por el magistrado Alfonso Guevara, junto con las magistradas Clara Bayarri y Ana Rubio. La vista va a comenzar mañana 16 de septiembre y la última sesión va a ser el 28 de noviembre. Tras esta causa solo queda por juzgar lo que se conoce como el caso Halboka, también en el marco del frente de las cárceles, donde nueve personas están acusadas de delitos de integración y colaboración en organización terrorista y de depósito de armas y explosivos. El procedimiento todavía no tiene fecha y volverán a sentarse en el banquillo Zulueta y Enparantza.