Tribunales
Discapacidad intelectual

Los jueces reclaman igualdad de trato para los discapacitados intelectuales en el proceso penal

Juezas y Jueces para la Democracia reclaman un trato de igualdad para las personas con discapacidad intelectual que intervienen en el proceso penal ya sean investigadas, acusadas o penadas, así como a los testigos, ya que las medidas de apoyo a estas personas están previstas exclusivamente para las víctimas

Foto de archivo de un juicio a 12 acusados de introducir 60 kilos de heroína en Galicia. / PAULA JUSTO EUROPA PRESS

Madrid

La asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia considera que el hecho de que las personas con discapacidad intelectual investigadas, acusadas o condenadas en un proceso penal no estén incluidas en el convenio suscrito en 2006 por el Consejo General del Poder Judicial con la Fundación A LA PAR, supone una doble discriminación: por su discapacidad y por su posición procesal, que contraviene la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, concretamente su artículo 2.

Ampliar las ayudas

Esta discriminación genera según la asociación “una situación de injusticia absolutamente intolerable” que el Consejo General del Poder Judicial debe resolver, “extendiendo el ámbito de aplicación del Convenio suscrito con la Fundación A LA PAR, a todas las personas con discapacidad que intervengan en el proceso penal, con independencia de su posición procesal, sin exclusión ni discriminación alguna”.

El facilitador

Una de las herramientas de apoyo es la figura del facilitador, un psicólogo experto cuya función es la de evaluar las limitaciones que la persona con discapacidad intelectual presenta de cara a su participación en el proceso penal para posteriormente diseñar los apoyos necesarios y asistirle durante sus intervenciones, asesorando asimismo a los operadores jurídicos sobre las adaptaciones a implementar en cada caso. Sin embargo, la ayuda de este profesional solo está prevista para la atención a las víctimas y no para el resto de personas que tienen una discapacidad intelectual e intervienen en el proceso penal de una u otra forma.

Las personas que padecen algún tipo de discapacidad intelectual o del desarrollo, explican desde la Asociación “encuentran graves dificultades cuando participan en el proceso penal con independencia de la posición procesal que ocupan, ya sea como víctimas, testigos o personas investigadas, acusadas o penadas. El sistema judicial no ha instaurado mecanismos para adecuarse a la situación individualizada de dichas personas, lo que en numerosas ocasiones genera situaciones de discriminación y vulneración de derechos”.

Javier Álvarez

Javier Álvarez

Ha desarrollado la mayor parte de su carrera en La Cadena SER donde esta vinculado a la sección de Justicia...

 
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